Torreón.- El Club Santos emitió un comunicado en el que asegura desconocer la investigación sobre Alejandro Irarragorri, dueño del club y presidente de Grupo Orlegui, por una supuesta degradación fiscal.
A través de sus redes sociales, el club lagunero manifestó que no se tenía conocimiento de las indagatorias, aunque estás sean en referencia a la omisión del pago del impuesto sobre la renta (ISR) de los salarios de jugadores y cuerpo técnico del equipo, en 2017.
Santos manifestó que cumplirá con las obligaciones que sean aplicadas y adelantó su disposición a colaborar con las autoridades.
“En relación con la información publicada por Diario reforma, nos permitimos informar a la opinión pública que realizaremos todas las aclaraciones pertinentes ante las autoridades competentes que estén realizando algún tipo de investigación, de la cual hasta ahora no teníamos conocimiento”, se lee en el comunicado.
La investigación sobre Irarragorri se da por una presunta defraudación fiscal por 17 millones 069 mil 865 pesos y aunque el club señaló no tener conocimiento, el apoderado legal, Francisco Javier Román Nogueira, envió un escrito en respuesta a las acusaciones, según la información de Reforma.
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Román Nogueira sostuvo la postura de la empresa y explicó que la aparente falta de pago del ISR en salarios se debió a que estaban manifestadas como ‘primas por indemnización por riesgo de trabajo’, mismas que se encuentran exentas de este impuesto.
“Santos Laguna S.A. de C.V., reitera que cumplirá, como siempre lo ha hecho, con todas las obligaciones que le sean aplicables y cooperará con todas las autoridades cuando se le requiera”, finaliza el comunicado del club.
Habría sido el pasado 5 de diciembre cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificó a la institución deportiva sobre las irregularidades detectadas en sus pagos de impuestos.
La defraudación fiscal se castiga con una pena de tres a nueve años de prisión, pero podría reducirse si se paga el monto solicitado. Cabe recordar que el delito ya no amerita prisión preventiva forzosa por la sentencia que la corte anuló.