Brasil.- La Corte Suprema de Brasil imputó este miércoles al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro por cinco delitos cuyas penas rondan los 40 años de prisión en total, en el marco del proceso por un supuesto intento de golpe de Estado para anular la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en los comicios de 2022.
Los delitos por los que el exmandatario (2019-2022) será juzgado, junto a otros altos cargos militares y de su Gobierno, están castigados con penas que van de seis meses a 12 años de prisión cada uno, si bien la ley brasileña limita a 30 años la privación de libertad.
Por otro lado, en caso de condenar, el cálculo de la pena dependerá de si los magistrados determinan que cada crimen es independiente o si concluyen que ciertos crímenes están incluidos dentro de otros más amplios y, por tanto, solo se aplica el castigo de estos últimos.
¿Cuáles son los delitos?
Golpe de Estado: El más grave de todos los delitos que se le imputa, con una pena de cuatro a 12 años de prisión, es definido por la ley como el "intento de deponer, por medio de la violencia o amenaza grave, al Gobierno legítimamente constituido".
Intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho: Prevé un castigo de entre cuatro y ocho años de prisión.
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Según la denuncia, Bolsonaro y los otros acusados “minaron” los poderes constitucionales frente a la opinión pública, “incitaron a la violencia contra sus estructuras”, en referencia a la invasión violenta de las sedes del Supremo, Congreso y Presidencia el 8 de enero de 2023, y planearon envenenar a Lula da Silva.
Organización criminal armada: La Fiscalía acusa a Bolsonaro de liderar una organización criminal armada, un delito castigado con una pena de prisión de entre tres y ocho años y que puede aumentar en caso de aplicarse agravantes si el denunciado ejerció el comando, si era funcionario público o si la actuación contempló el uso de armas de fuego.
Deterioro de patrimonio protegido: El delito acarrea una pena de entre uno y tres años de prisión para quien actúe para “destruir, inutilizar o deteriorar” bienes protegidos por la ley.
Daño calificado contra patrimonio público: Es definido como aquel daño cometido con violencia y con perjuicio "considerable" para la víctima, prevé una pena de cárcel de seis meses a tres años, y también está relacionado con la destrucción durante los eventos del 8 de enero.