Monterrey.- Al reconocer que hay un importante problema de viviendas abandonadas en Nuevo León, se buscará que el gobierno del estado pueda rentar o comprarle casas al Infonavit y así reducir otros inconvenientes como la inseguridad.
El director del Fideicomiso Fomerrey e Instituto de la Vivienda de Nuevo León, Eugenio Montiel Amoroso, atribuyó este panorama a la alta generación de viviendas en las últimas dos décadas por parte del Infonavit, de inmuebles que al estar en la periferia han quedado deshabitados.
El funcionario apuntó que se están coordinando con autoridades municipales y el propio Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para generar políticas que permitan volver accesibles los espacios abandonados y puedan ser ocupados por la ciudadanía.
“Hemos estado en contacto con los alcaldes del área periférica que es donde se concentra este problema y estamos buscando junto al Infonavit, mecanismos para poder ocuparlas y para solucionar la delincuencia e inseguridad es ocupándolas.
“Estamos diseñando con el Infonavit programas que nos permitan rentarlas por parte del gobierno del Estado y aquellas que puedan adquirirlas también comprarlas y podamos satisfacer las necesidades de vivienda", dijo.
En Nuevo León existen al menos 26 mil viviendas asignadas por el Infonavit, pero deshabitadas, lo que Montiel Amoroso consideró un contrasentido, ya que habiendo viviendas abandonadas Fomerrey cuenta con al menos ocho mil familias que buscan adquirir una casa habitación.
“Se creaban 70 u 80 mil viviendas por año para atender estas necesidades, obviamente después de dos décadas más de 1 millón 200 mil viviendas construidas con créditos de Infonavit, solamente el 2.5% son las que hoy tenemos como vivienda abandonada, la problemática es grave”.
Los municipios que presentan más problemas de viviendas abandonadas son: Juárez, El Carmen, Zuazua, Ciénega de Flores, Pesquería y García, lo que se ve reflejado en la incidencia de diversos delitos.
Sin embargo, se requiere que el Infonavit cambie algunas políticas, lo que va en proceso mediante las juntas de gobierno, debido a que las viviendas desocupadas no pueden ser utilizadas por su situación legal que impide habitarlas, pero esperan que esta solución pueda darse en el 2023.