Monterrey.- El exgobernador Jaime Rodríguez durmió ayer en la cárcel, pero su destino se comenzó a forjar en 2017, cuando buscó la candidatura a la Presidencia de la República.
Hoy se le investiga por irregularidades en la recolección de las más de 866 mil firmas de apoyo a su aventura como candidato independiente a la silla presidencial.
La persona que lo denunció es quien ahora ocupa su lugar en el Palacio de Gobierno de Nuevo León: Samuel García, en ese momento diputado local y quien, junto a su compañera de bancada, Mariela Saldívar, presentó una serie de querellas contra “El Bronco” ante el INE y la Sala Regional del Tribunal Electoral de la Federación y por la vía penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE).
En ellas enarbolan el delito de “Desvío de Recursos” derivado de la recolección de firmas por parte de funcionarios de Gobierno en días y horarios laborales.
Las denuncias involucran incluso al ex secretario de Gobierno, Manuel González, y al ex titular de Salud, Manuel de la O, así como 576 funcionarios de campo, que participaron en la campaña de Jaime Rodríguez, pese a su puesto público.
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De estas denuncias, la primera en investigarse fue la iniciada por la vía electoral, donde el TEPJF determinó el 21 de julio de 2018 la culpabilidad del “Bronco” y sus colaboradores más cercanos, imponiendo sanciones económicas y turnando el expediente al Congreso del Estado para sancionar.
La denuncia pasó a formar parte del rezago, enviada a la “congeladora” y politizada, cuando las bancadas del PRI y PAN, se opusieron a la realización de un juicio político en contra del entonces gobernador, Jaime Rodríguez.
Casi un año después, y ante la presión del Tribunal Electoral Federal, que ordenó a los diputados locales atender el caso, la Comisión Anticorrupción presentó un proyecto para emitir multas económicas contra Jaime Rodríguez y Manuel González por el orden de los 317 mil pesos.
Sin embargo, estas sanciones tampoco alcanzaron los votos necesarios en el pleno y la Suprema Corte invalidó el proceso al realizarse un procedimiento distinto al Juicio Político.
Luego de agotada la instancia electoral, y cuatro años después de interpuesta la denuncia, la Agencia Estatal de Investigaciones ejecutó la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
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