Monterrey.- La diputada Alhinna Vargas, del PRI, presentó en la Oficialía de Partes del congreso del estado la iniciativa para crear la Ley de Fomento de la Cultura del Cuidado y Uso Racional del Agua para el Estado de Nuevo León.
Esta ley se compone de 24 artículos y tres transitorios, mediante el cual se faculta al Ejecutivo del Estado a elaborar un Programa Estatal para el Fomento de la Cultura del Agua que regirá en el estado.
“Como todos sabemos, el agua constituye un recurso no renovable y si al desabasto en las presas del estado se añade la falta de una cultura de ahorro del agua, además de las fugas, que los expertos dicen que existen en la red de distribución de agua potable, la situación que tenemos es sumamente delicada.
“Lo cual ha sido determinante para que el Gobierno del Estado emitiera el pasado 2 de febrero, la declaratoria de emergencia por sequía, al considerar que Nuevo León se encuentra en una etapa de sequía extrema” señaló la diputada.
También se estableció el Consejo Consultivo para el Fomento al Cuidado y el Uso Racional del Agua, que fungirá como un órgano colegiado de deliberación, consulta, asesoría y participación social en materia de cuidado y uso racional del agua
Vargas señaló que con esta ley se busca apoyar las acciones que lleva el Gobierno del estado, con un consejo que sea precedido por el gobernador y que integre el titular de Agua y Drenaje y representantes del Instituto del Agua.
Además se contempla la integración de la Comisión Estatal de Agua Potable; Secretaría del Medio Ambiente; la Secretaría de Educación; un representante del Poder Legislativo, así como representantes empresariales, de organismos sindicales, organizaciones de la sociedad civil y de las universidades más representativas del estado
De momento, en lugar de una ley existen campañas periódicas que llevan a cabo Agua y Drenaje de Monterrey, que han sido exitosas en otros años, pero que en el sexenio anterior se descuidaron.
Con esta iniciativa se busca garantizar el derecho al agua de los nuevoleoneses, lo que es además, una de las garantías individuales previstas en nuestra Carta Magna y en la Constitución Política del Estado.