Monterrey.- Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron que solo el Congreso de Nuevo León puede otorgar la licencia al Gobernador Samuel García para separarse del cargo y eventualmente pueda buscar la Presidencia en 2024.
Con una votación de cuatro a favor y dos en contra, se declaró improcedente la solicitud del emecista ante la posible negativa de los diputados locales para dejarlo “ir por la grande”, al considerar que no hay una existencia de hechos en el recurso promovido por el mandatario estatal.
“El actor no pone a consideración de este tribunal la existencia de hechos que generen efectos objetivos a partir de los cuales se puedan desprender alguna incertidumbre sobre el ejercicio de sus derechos.
“Aquí parto de la base de que no existe acto o pronunciamiento alguno del congreso local del que se derive de los procedimientos verificables de que se generen esos efectos referidos en torno a la posibilidad o no de que el actor se separe de su cargo mediante la solicitud de una licencia temporal para aspirar a la candidatura de la presidencia de la república”, declaró en su exposición el magistrado Felipe Fuentes Barrera.
Previamente la magistrada Mónica Soto Fregoso expuso la propuesta que reconocía el derecho de García a pedir licencia, pero rechazaba facultarlo de nombrar al gobernador interino y tampoco le concedía que el TEPJF le diera la licencia, lo que finalmente fue rechazado.
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La magistrada Janine Otálora Massis respaldó la postura de Fuentes Barrera al considerar que no se han afectado los derechos político-electorales del emecista y aunque buscara que la sala Superior fuera quien le diera la licencia, dicha atribución recae en el Congreso de Nuevo León.
“A la fecha no hay constancia fehaciente de que el gobernador de Nuevo León haya en efecto solicitado una licencia temporal al Congreso, por lo que no existe la situación de hecho planteado por el actor en el sentido de que pueda afectar alguno de sus derechos político-electorales”, declaró la magistrada.
Mientras José Luis Vargas Valdez se pronunció a favor, Felipe de la Mata Pizaña se pronunció en contra del proyecto, al destacar que no cumplía el requisito de procedencia que produzca “incertidumbre”, sino que se basaba en declaraciones y sin evidencia de un acto de autoridad contra el gobernador.