Monterrey.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido la Recomendación General 01/2023, dirigida al Director General de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, como resultado de las violaciones a los derechos humanos de la comunidad neolonesa en su conjunto.
Estas violaciones se relacionan con la gestión negligente de la crisis hídrica que afecta al estado. Habiéndose infringido, como mínimo, once derechos fundamentales, que abarcan el acceso y la disponibilidad de agua, los derechos al "mínimo vital", a la salud, a la alimentación, a una vivienda adecuada, al empleo, a un entorno saludable, a la información, a la legalidad, a la dignidad y a una administración pública eficiente.
Esto se demostró al evidenciar que las medidas adoptadas resultaron en la suspensión de derechos sin una justificación clara de su conformidad con criterios de racionalidad, razonabilidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
Además, se señaló que estas medidas no se implementaron considerando las diferencias individuales, en especial las de los grupos de atención prioritaria. Tampoco se respetó el derecho a la información, y las bases y razones para dichas medidas no estuvieron fundamentadas y explicadas, lo que provocó incertidumbre entre los residentes de la entidad.
El organismo señaló que el gobierno del estado, a través de Agua y Drenaje de Monterrey, carece de una estrategia integral para abordar esta problemática.
La construcción de una nueva presa no constituye una solución definitiva, ya que es esencial que ocurran lluvias para que la presa pueda acumular agua de manera efectiva.
En otros términos, se señaló que si no llueve, no habrá agua. Esto queda demostrado por el hecho de que, a pesar de la puesta en marcha de la segunda bomba en el acueducto "El Cuchillo II," la escasez de agua persiste.
Debido a lo anterior, se ha pedido, entre otras acciones, que el director de Agua y Drenaje de Monterrey ofrezca disculpas públicas a la comunidad neolonesa, reconociendo la negligencia en la gestión de la institución bajo su dirección.
De igual forma, se decidió que se dará inicio a los procedimientos de responsabilidad adecuados contra los funcionarios públicos cuyas acciones perjudicaron la prestación adecuada del servicio público de suministro de agua potable.
Finalmente, se hizo llamado al Director de Agua y Drenaje para que promueva una política integral que aborde a fondo este problema, en lugar de depender únicamente de soluciones temporales.