Monterrey.- Alcaldes del Pacto Nuevo León presentaron una controversia constitucional para obligar al Gobierno del Estado a presentar la Ley de Egresos 2024.
Los alcaldes Daniel Carrillo de San Nicolás, y Cristina Díaz de Guadalupe, acudieron al Poder Judicial de Nuevo León para presentar este recurso, a manera de que los ayuntamientos no salgan afectados en sus finanzas y operatividad.
“El presupuesto de egresos es de donde nosotros tomamos la información para determinar nuestro proyecto de presupuesto, y todos los programas, tanto operativos, sociales, y también de ejecución para bienestar de la población”, dijo Carrillo.
En la entrega de la controversia, también participaron alcaldes de municipios rurales, como José Luis Santos, de Lampazos de Naranjo; Rafael González, de Higueras; o Ignacio Castellanos, de Agualeguas.
También estuvieron representantes jurídicos de alcaldías metropolitanas como Apodaca, Pesquería, Santiago, Cadereyta y Juárez.
Según el edil nicolaíta, esta controversia podría ayudar a la formulación del presupuesto por medio de Luis Enrique Orozco, gobernador interino recién designado por el Congreso.
Cristina Díaz, alcaldesa de Guadalupe, explicó que ellos ya formularon un proyecto de ingresos con políticas federales, debido a que no está presentado el paquete estatal completo.
Aún así, necesitan que el Ejecutivo presente el resto del presupuesto antes de que termine el año para que los municipios hagan lo propio dentro de los tiempos legales.
“Necesitamos hacer un llamado al Poder Judicial para que resuelva lo más pronto posible, y poder estar en tiempo y forma y atender a un proyecto de egresos.
“Las estimaciones las hicimos en base a lo federal, pero nuestro gobierno más cercano es el local”, manifestó.
El Poder Ejecutivo también envió el presupuesto 2023 por partes, sin embargo, la incertidumbre por la falta de acuerdos generó que el estado comunicara oficialmente que se ejercería el mismo Paquete Fiscal que en 2022.
Incluso, los diputados del PRI y del PAN votaron un presupuesto formulado por el mismo Congreso. Al final, el diálogo de poderes sí llegó, y se generó un paquete consensuado que se aprobó en enero de 2023.