Monterrey. - La organización de padres “No Más Hijos Rehenes” denunció que la Fiscalía de Nuevo León les envió una orden de restricción para que no se puedan acercar a ningún magistrado o juez, así como a las instalaciones del Poder Judicial.
Durante 10 días, el grupo de padres de familia realizaron un plantón frente a las instalaciones del Poder Judicial en el inmueble ubicado en la calle Juan Ignacio Ramón, en el Centro de Monterrey, para que no cierren los Centros de Convivencia Familiar en esta época decembrina.
Además, realizaron una manifestación pidiendo ver a sus hijos más tiempo, ya que por su proceso legal de separación se les impide convivir con ellos de manera frecuente.
Hernán Peña, padre afectado por la situación, envió el documento a ABC Noticias sobre la orden de restricción por parte de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León.
“Llegó gente del Poder Judicial para notificarnos que Alejandro (vocero de la organización) y todos los miembros tenemos una orden de restricción.
“No viene por metros, normalmente una orden de restricción es a 50, 100 o 500 metros, pero ahí dice que cualquier lugar donde se encuentre un magistrado o un juez de Nuevo León, y vienen todos los nombres de los jueces”, refirió Peña.
Manifestó que en su opinión es una forma de silenciarlos y amedrentarlos, ya que aseguró que si continuaban con el plantón afuera de las instalaciones del Poder Judicial, podrían llegar a arrestarlos.
“Tampoco nos podemos acercar al edificio del Poder Judicial, ¿cuál fue la respuesta del Poder Judicial?, es callarnos, amedrentarnos y amenazarnos.
“Si seguiamos con el plantón, que al final decidimos irnos, pero antes de conocer la orden de restricción, nos iban a arrestar, porque parece que somos delincuentes, querer defender los derechos de los niños, alzar la voz, nos convierte en delincuentes”, declaró.
El documento manifiesta que Alejandro Agapito Ríos Villanueva, vocero de la organización, así como los miembros de “No Más Hijos Rehenes” se abstengan de ejecutar cualquier molestia e intimidación a los empleados del Poder Judicial.
Las medidas de protección son impuestas a favor de: Juez Ricardo Cortez Guzmán, responsable del Juzgado Sexto de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial; Juez Ma. de Lourdes Flores Aguilar, responsable del Juzgado Séptimo de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial.
Así como Juez Juan Francisco Castillo Lara, responsable del Juzgado Octavo de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial; Juez Mauricio Cuéllar Peña, responsable del Juzgado Noveno de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial.
También para la Juez Emérida Hernández López, responsable del Juzgado Décimo de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial, y la Juez Claudia Verónica Medellín González, responsable del Juzgado Décimo Primero de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial.
La Dirección de Comunicación de la Fiscalía del Estado respondió que la orden de restricción a la organización fue por impedir el paso a empleados del Poder Judicial, además de que fue recibido un Informe Policial Homologado (IPH).
“Ante los actos emprendidos por un ciudadano en contra del Poder Judicial, entre ellos impedir el paso a empleados para poder ingresar a su lugar de trabajo, fue recibido un IPH, a partir del cual el Ministerio Público dispone las medidas de protección”, señaló la Fiscalía de Nuevo León.