Monterrey.- El tesorero general del Estado, Carlos Garza, insistió en que están impedidos para repartir el dinero restante del fondo a 28 municipios de 2 mil 500 millones de pesos, y a cambio ofreció crear una bolsa de 3 mil millones para las 51 alcaldías de Nuevo León.
Lo anterior fue sugerido por el funcionario durante la glosa del segundo informe de gobierno ante el Congreso del Estado, en el eje de buen gobierno.
Bajo el criterio de que la Suprema Corte de Justicia ya ordenó la repartición de los mil 757 millones de pesos restantes a los ayuntamientos, contemplados en la Ley de Egresos de 2023 el funcionario dijo que es un tema “extremadamente legal”.
Si bien, la Corte desechó la controversia del Estado y ordenó que se deben entregar los recursos, este alegó que no es posible porque hay juicios activos por los municipios de Santa Catarina y Abasolo ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
Para evitar otro proceso como este, el tesorero dijo que existe la propuesta de hacer un fondo de 3 mil millones para el Paquete Fiscal de 2024, donde todos los municipios de Nuevo León estén contemplados para su distribución.
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“Lo que estamos planteando ya dentro de este presupuesto de 156 mil 47 millones de pesos es que haya un fondo de 3 mil millones de pesos, y que sea para los 51 municipios, sin caer en ese debate de que alguien que no estuvo en ese reparto pueda promover alguna acción”, dijo a los diputados.
Para la bancada del PAN del Congreso, esta bolsa de tres mil millones no es suficiente, pues este partido junto con el PRI buscó originalmente un fondo de cinco mil millones de pesos para ser repartidos a lo largo de este año.
De hecho, los alcaldes del PRIAN buscaron reformar la ley para que los municipios tuvieran mayor acceso a las participaciones federales de un 20 a un 30 por ciento.
El fondo de 2 mil 500 millones de pesos fue un acuerdo que se incluyó en la Ley de Egresos 2023, y fue un factor que permitió que se elaborara un Paquete Fiscal para ejercer este año, pues la formulación del mismo se atrasó hasta el mes de enero por las pugnas políticas.
Actualmente, la distribución de los recursos está detenida jurídicamente por las suspensiones promovidas por los municipios de Santa Catarina y Abasolo, ambos de Movimiento Ciudadano.