Monterrey. - Tras una breve polémica, finalmente se resolvió que no habrá cambio de director de la Defensoría Pública de Nuevo León, esto luego de que Reynaldo Cantú Shay obtuvo una suspensión de amparo de acuerdo contra actos que reclamaba el Congreso del Estado y otras autoridades.
En el recurso aprobado por el Poder judicial de la Federación, señala en el incidente de suspensión identificado con el número 415/2023, que se deja sin efecto al reclamar medularmente el decreto 341emitido por el Poder Legislativo de Nuevo León.
“La parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto siguiente: “[…] se solicita la suspensión para los efectos de que no sea aplicable el decreto 341 de esta legislatura, tanto a mi persona como al Instituto que represento, pues de no hacerlo así me dejaría en un estado vulnerable al impedirme continuar con mi función pública.
“Además se generaría la desintegración del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León y con ello se dejarían sin efectos todos los convenios de colaboración que se han firmado con instituciones públicas y asociaciones civiles, provocando un impacto inimaginable en el desarrollo laboral del personal adscrito al Instituto y un grave perjuicio a la sociedad que recibe los servicios gratuitos del Instituto […]”, señala el documento al que ABC Noticias tuvo acceso.
Asimismo, se emitió que aplicarán un apercibimiento para las autoridades responsables, al señalar a Ingrid Ruelas Burgoa, a que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos “se les impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo”.
Esto deriva luego de que el Congreso aprobó reformas a la Constitución local a finales de febrero en busca de pasar el Instituto de Defensoría Pública al Poder Judicial de Nuevo León, donde el Pleno del Consejo de la Judicatura emitió un acuerdo para establecer reglas de operación y funcionamiento de éste como un nuevo órgano del PJ.
Finalmente se señala la programación de una audiencia incidental para las 11:55 de la mañana del próximo 29 de marzo de este año para desahogar este tema.