Monterrey.- Luego de que el pasado viernes 14 de abril se registró una movilización policiaca para un cateo en la Defensoría Pública, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la nueva organización del órgano que ahora depende del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León.
Como parte de la pugna con el Legislativo, y tras la aprobación de reformas en el Congreso local para transferir el Instituto de la Defensoría Pública del Poder Ejecutivo al Judicial (IDP), se continuó con el conflicto mediante un recurso de Controversia Constitucional.
Mediante la implementación de este recurso, el mandatario estatal exigió que se invalidará el acuerdo general 8/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura de Nuevo León, mediante el cual se ordenaba la nueva organización y funcionamiento del IDP, además de establecer que Reynaldo Cantú Shay deje de ejercer el cargo de director de esta institución.
El citado acuerdo se aprobó en sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del pasado 9 de marzo, cuando también se ordenó a la Tesorería Estatal a cargo de Carlos Garza transferir recursos económicos y la posesión o servicios contratados para dicho Instituto.
De acuerdo a registros de la SCJN, será el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá quien dictamine si dicha impugnación de García cumple con los requisitos de legalidad para ser admitida a trámite y eventualmente pueda ser analizada por la SCJN.
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El congreso de Nuevo León y el Ejecutivo han mantenido una pugna por diversas reformas de ley, por lo que de nueva cuenta Samuel García volvió a interponer un recurso de impugnación ante el máximo tribunal del país. García argumentó en esta demanda que no se publicó en el Periódico Oficial del Estado.