Monterrey.- La diputada de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, presentó en el Congreso local un punto de acuerdo para solicitar a diversas autoridades en favor del medio ambiente atender las denuncias de desmonte en el Cerro de las Águilas.
En compañía de vecinos de la colonia San Jerónimo, la legisladora hizo el llamado a la Profepa (Procuraduría Federal de Protección Ambiental) y a la Secretaría de Medio Ambiente, para dar seguimiento a la queja de los habitantes de la mencionada zona.
Desde el pasado mes de febrero, la emecista ayudó a los vecinos de la zona para clausurar la construcción de departamentos San Jemo 360, la cual se realiza en el Cerro de las Águilas, área que está protegida por la ley como terreno no urbanizable.
“A pesar de que el municipio de Monterrey y la Secretaría de Medio Ambiente han efectuado suspensiones, esta empresa está usando permisos viejos para ampararse y seguir construyendo”, dijo la diputada.
Los habitantes de las colonias aledañas a la construcción han documentado como el desmonte del cerro se realiza con maquinaria pesada, esto pese a que la Profepa les respondió recientemente que las labores terminaron en mayo del 2022.
“Los vecinos denunciaron desde febrero del 2022 a la Profepa. Acaban de notificarnos la respuesta y en pocas palabras, se lavó las manos”, añadió Reyes.
Por tal motivo, el punto de acuerdo presentado este miércoles 19 de abril solicita a la dependencia realizar nuevamente inspecciones a las obras, además de que se mantenga constante vigilancia por parte de la Secretaría de Medio Ambiente para evitar la violación de sellos de suspensión.
La diputada consideró inaceptable el hecho de que una autoridad dedicada al cuidado y preservación del ambiente, valide las actividades de constructoras en terrenos protegidos por la Ley de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado.
Además de la intervención de la Profepa y la Secretaría liderada por Félix Arratia, se solicitó la intervención de la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), y la supervisión de la Fiscalía General de la República (FGR).