Monterrey.- Los pleitos entre el Congreso del Estado y el gobierno de Samuel García continúan para pugnarse el poder del Instituto de la Defensoría Pública (IDP), órgano que presta servicios profesionales y de orientación jurídica gratuitos.
Debido a esta situación, hoy en Nuevo León existen dos defensorías públicas que dan atención a personas de bajos recursos o que no cuentan con un abogado, la que maneja el Estado y la que encabeza el panista Arturo Salinas con el Poder Judicial.
De acuerdo a la abogada y activista Liliana Flores Benavides, además de los pleitos internos, el órgano ha dejado de atender sus responsabilidades para hacer uso de sus recursos humanos, destinándolos a defender a los trabajadores del ejecutivo que han sido demandados.
“Los recursos humanos de la defensoría fueron destinados a defender a los trabajadores del ejecutivo que han sido demandados, desde secretarios, directores o policías, eso es maltrato a los recursos humanos”, dijo la activista.
Fue el pasado 22 de febrero que el Congreso Local aprobó que el Instituto de la Defensoría Pública de Nuevo León (IDP), entonces encabezado por Reynaldo Cantú, pasara al Poder Judicial.
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Posteriormente, el 14 de abril, el órgano judicial tomó posesión del inmueble estatal con sede en el centro de Monterrey y designó a Luis García Alcántara como nuevo titular del IDP.
Cuatro días después, el gobierno de Samuel García nombró a Héctor Viniegra Hernández como responsable del organismo. Esta situación está causando la confusión entre los empleados al no saber bajo el mando de quién están y la incertidumbre en los ciudadanos sobre quién llevará sus trámites.
“La gente que necesita de esos servicios, quién se va a llevar sus asuntos, con quién se van a ir, dónde los van a atender, qué parte se va a ir con el poder judicial y qué parte con el ejecutivo y como ya esta es una controversia en qué calidad queda”, precisó.
Aunque el cambio fue publicado en el periódico oficial, el sitio web del IDP mantiene la dirección, números telefónicos y enlaces de la dirección anterior con sede en calle Matamoros y no en la nueva de la calle Escobedo.
Si es necesario un servicio, la persona interesada deberá acudir a las nuevas instalaciones, donde se informa que las citas continúan en la pasada ubicación. Finalmente, la activista precisó que esta lucha de poderes ha generado un enredo judicial que afecta principalmente a la sociedad.