Monterrey.- El PRIAN en el Congreso del Estado avaló que se tipifique como delito el que no se publiquen decretos en el Periódico Oficial del Estado, pero para que esto tome vigencia, la reforma debe plasmarse justamente en el medio del Poder Ejecutivo, creando así, una paradoja legislativa.
Y es que, durante la última sesión del pleno en la semana, el diputado local, Javier Caballero, subió a tribuna el dictamen que propone cambiar el Código Penal de Nuevo León, para calificar la omisión de publicaciones como una desobediencia.
“Se adiciona un quinto párrafo al artículo 180 para quedar como sigue: será equiparable al delito de desobediencia, y se sancionará conforme al párrafo segundo de este artículo cualquier acto, omisión o incumplimiento en que incurra un servidor público, que estando obligado conforme a las funciones de su cargo, derive en que no se publique en el Periódico Oficial del Estado cualquier decreto”, leyó el legislador del PRI.
Según lo que determina el mencionado párrafo del Código Penal, la pena a quien cometa este delito será castigado con prisión de uno a tres años, y una multa de diez a cien cuotas.
El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona, subió a tribuna para reiterar su postura contra este tipo de reformas, pues consideró que las bancadas mayoritarias tienen como encomienda intimidar a los trabajadores del Periódico Oficial.
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De esta manera, puntualizó que este tipo de comportamientos ya están reconocidos en otra legislación enfocada a los servidores públicos.
“Si un servidor público no hace su labor en el Periódico Oficial del Estado, se le podrá sancionar, y si reincide, se le podrán imponer las sanciones necesarias. No es necesario crear un tipo penal a modo para los intereses del PRIAN”, declaró Eduardo Gaona.
El asunto fue aprobado por mayoría con 25 votos a favor, por lo que ahora restará esperar a su publicación en el Periódico Oficial para que entre en vigor, lo cual es probable que no suceda, al igual que con el casi centenar de decretos que el PRIAN reporta que están rezagados.
Para esto, los diputados de estas dos bancadas tienen un as bajo la manga que llevan practicando desde semanas atrás, que consiste en reformar el artículo transitorio del decreto para que se pueda establecer a través de la Gaceta Legislativa del Congreso, si es que el Gobierno estatal no hace lo propio. No obstante, la legalidad de esta práctica ha estado en constante debate entre los grupos parlamentarios.