Monterrey.- La Comisión Nacional del Agua informó que los tiraderos clandestinos ubicados en los márgenes del Río Pesquería, en los límites de los municipios de Monterrey y Escobedo, han ocasionado daños en su cauce producto de la contaminación generada por los desechos que han sido arrojados.
El área afectada comprende una extensión lineal altamente impactada de 1.4 kilómetros, misma que ya han intervenido legal y administrativamente, teniendo hasta el momento 70 sanciones a establecimientos de diversos giros que alteran gravemente los ecosistemas.
Consultado por ABC Noticias, Luis Carlos Alatorre Cejudo, director del Organismo de Cuenca Río Bravo, señaló que las labores de limpieza implican una remoción de más de 244 mil m³, sin embargo, están a la espera del equipo de extracción y traslado, así como de recibir el apoyo de salubridad y seguridad pública.
“Hemos recibido solicitudes de intervención técnico-administrativa por parte de los municipios de Monterrey y Escobedo, a quienes se les ha indicado y reiterado que legalmente estamos en etapa de ejecución de medidas especiales de remoción y demolición, y que requerimos solamente el apoyo de equipo y áreas de disposición de material, además de la presencia de seguridad pública”, precisó Alatorre Cejudo.
El funcionario reiteró que por décadas particulares han lucrado con esta área federal por tirar basura en la zona, por lo cual han tenido acercamientos con los alcaldes de Monterrey, Luis Donaldo Colosio y de Escobedo, Andrés Mijes, donde recientemente participaron en mesas de trabajo instituidas por la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado a cargo de Félix Arratia, a las que han denominado “Mesas de Trabajo Para La Toma de Decisiones Sobre Limpieza, Orden y Reubicación En El Cauce del Río Pesquería”.
“Por parte del Gobierno Estatal, fue la continuidad en la vigilancia para restringir el acceso a estas zonas y detención de quienes realicen depósitos de material sobre las riberas y cauce del río clandestina y furtivamente, por lo que a esta Comisión si bien pudiera hacer nuevas intervenciones no sería para supervisar las actividades de los cuerpos de seguridad, si no para sancionar a quienes continúen invadiendo y contaminando el bien federal que se encuentra bajo la tutela de esta Comisión Nacional del Agua”, comentó el funcionario.
Las multas por este tipo de prácticas llegan hasta los 103 mil pesos, además de ser remitidos ante un juez cívico. Finalmente, detalló que una vez que reciban el apoyo por parte de las autoridades estatales y municipales, comenzarán con las labores de saneamiento y estiman que el área impactada podría recuperarse en un término de tres a cinco meses.