Monterrey. - Imelda Patricia Garza Benavides, esposa del coordinador de los diputados del PAN, Carlos de la Fuente, tramitó un amparo para aplicar la "ley mordaza" al gobernador Samuel García, diputados y funcionarios de Movimiento Ciudadano, prohibiéndoles que hablen de ella.
Garza Benavides se une a la diputada Cecilia Robledo, también del PAN, quien fue la primera en realizar un trámite de este tipo y lograr que un juez prohibiera a diputados y funcionarios ligados al partido naranja hacer cualquier referencia a la quejosa.
“El quejoso promovió demanda de amparo, contra actos del Gobernador de Nuevo León, Samuel García, de la Décimo Tercer Regidora del municipio de San Nicolás, de los diputados del Congreso Legislativo, de Movimiento Ciudadano, y del partido propiamente, a través de sus representantes, presidente, secretario general y mesa directiva”, dice el documento.
Anteriormente, habían negado esta solicitud por una jueza Tercero de Distrito, derivada del juicio de amparo indirecto 287/2023 de los actos reclamados, sin embargo, su abogado, Miguel Oswaldo Zárate Martínez, interpuso el recurso de queja 526/2023 para revocar la decisión.
Fue el pasado 11 de septiembre, que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, concedió la suspensión de plano.
Y los magistrados federales determinaron que era procedente dar la protección a Garza Benavides, para que el Gobernador no realice comentarios que afecten su dignidad, señaló el abogado de Garza Benavides, Miguel Oswaldo Zárate Martínez.
Por lo que ahora, no podrán realizar ningún ataque a su dignidad humana y honor, a través del escarnio y desprestigio público, mediante publicaciones, mensajes y videos en plataformas digitales como Facebook e Instagram.
“Lo constituyen los ataques a mi dignidad humana y a mi honor, a través del escarnio y desprestigio público que realizan las autoridades responsables de manera sistemática a través de publicaciones de mensajes y videos en plataformas digitales tales como Facebook e Instagram, incumpliendo así al deber de respeto a la dignidad, al honor y a la imagen pública; cometiendo con ello, actos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos”, indica el texto.
Lo anterior, se da en medio de los recientes señalamientos del gobernador Samuel García y al acusar a legisladores y alcaldes de la oposición de enriquecimiento ilícito.
Mientras que integrantes del PRI y PAN, acusan que el mandatario usa instituciones del gobierno estatal, para acosar a funcionarios y su familia con acusaciones falsas, además de cerrar sus oficinas y negocios de forma arbitraria.