Monterrey.- Un plazo de tres días, fue el tiempo que el Tribunal Superior de Justicia, le indicó al gobierno del estado, encabezado por Samuel García, para que entregue a los 28 municipios del Pacto Nuevo León, el fondo de 2 mil 500 millones de pesos, establecidos en la Ley de Egresos 2023.
Lo anterior luego de que, en la resolución de controversia, celebrada el lunes 4 de septiembre y encabezada por el presidente del Tribunal, Arturo Salinas Garza, se determinará que el estado tiene la obligación de entregar los fondos, a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería, además de destacar que el plazo venció el pasado 31 de agosto.
"A fin de asegurar el cumplimiento de la presente sentencia, este Pleno ordena prevenir a la parte demandada, Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, para que, dentro del término improrrogable de tres días hábiles, que se contarán a partir de que se encuentre debidamente notificado de este fallo, cumpla con la administración total del Fondo Municipal autorizado en el artículo 98 de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2023”, se determinó en la resolución.
Ante medios de comunicación, la bancada panista en el Congreso del Estado, indicó que, con esta resolución, las autoridades estatales, deberán entregar los fondos pendientes, además de que se deja sin efecto, las suspensiones emitidas por los alcaldes de Movimiento Ciudadano, Jesús Nava de Santa Catarina y Reynaldo Cantú Montes de Abasolo, al no estar dentro de los beneficiarios del fondo.
“Dicen (alcaldes de Movimiento Ciudadano), que ganaron una suspensión para que el fondo no se entregue, pero ya se entregó, faltan ciertas administraciones, es un hecho consumado, tanto así que ya se entregó el 30 por ciento, entonces la suspensión que dicen que tienen no vale para lo que están solicitando los alcaldes, están solicitando que se entregue el resto del recurso, así que no se puede detener'', indicó la bancada.
El pasado 22 de mayo, alcaldes, diputados locales y federales del PRI y del PAN, acompañados de cientos de ciudadanos, se manifestaron en el Congreso de Nuevo León para exigir que el Estado les liberará los recursos.
Aseguraron que la falta de recursos retrasa obras de vialidad, inversión para la seguridad, medio ambiente y también ha provocado carencia de medicamentos en los ayuntamientos rurales del Estado.
Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia, indicó que, en caso de no cumplirse con lo anterior, se procederá en los términos que señala la Ley reglamentaria en cuestión, para la ejecución forzosa de este fallo.