Monterrey. - El Gobierno de Nuevo León insistirá ante la federación contar con atribuciones en materia del manejo a las empresas que afectan el medio ambiente, entre ellas la refinería de Cadereyta, por lo que a las 12:00 horas de este martes 30 acudirán ante la Fiscalía General de la República (FGR) para impulsar la medida.
Tras la presentación de dos iniciativas, una hacia el Congreso local y otra ante la federación, el secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez Muñoz, dijo que se espera que otras entidades se sumen en busca de modificar una ley emitida en 1988, la cual calificó como “obsoleta”.
Durante el Nuevo León Informa, el funcionario, acompañado del Consejero Jurídico del Gobierno Estatal, Ulises Carlín, apuntó que la dependencia que encabeza se inscribirá ante la FGR como coadyuvantes para ir aportando pruebas, como las afectaciones a la ciudadanía.
Destacó que se deben tener las atribuciones completas para poder aplicar medidas para bajar la contaminación al reiterar que no pueden entregar los mismos resultados que en otras entidades si no se cuenta con una plenitud de facultades.
“La ciudadanía y el gobierno de Nuevo León ya les quedaron pequeñas las normativas que hay en México para mejorar la calidad del aire y por eso nos estamos adelantando y esperamos que otros estados se sumen.
“No es lógico que se estén tomando decisiones desde la Ciudad de México para impactos que están teniendo los ciudadanos aquí en Nuevo León”, manifestó el funcionario.
Al respecto, Carlín argumentó que las iniciativas que el gobernador Samuel García propuso son significativas al tratarse de actos secuenciales para que autoridades de medio ambiente puedan tener más facultades.
“La ley General de Equilibro Ecológico establece que la Federación tiene jurisdicción en materia de petróleo, petroquímica, e industria automotriz y una serie de materias que la federación se reservó, la propuesta que estamos haciendo es que también se tenga la facultad de las entidades federativas para la revisión.
“También que se pueda opinar de la conveniencia o no del establecimiento de una fábrica de esa naturaleza en la circunscripción territorial de su estado, en ese sentido van las iniciativas que se han presentado. Todas se pueden enriquecer y apoyar por la ciudadanía”, expuso.
Por otra parte, Martínez Muñoz descartó que las acciones en contra de la refinería de Cadereyta se traten de medidas populista, donde la ley Ambiental contempla que se apliquen medidas en lo general, además de que se requiere un programa nacional de reducción de emisiones contaminantes.