Monterrey.- Luego de que en los últimos años, Nuevo León registra un incremento en las violaciones a los derechos de los periodistas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) busca impulsar la garantía a la libertad de expresión.
Desde 2020 hasta agosto de 2024, se han registrado 28 casos, 24 en la administración actual, de los cuales en 8 se proporcionaron atenciones diversas y se aperturaron 16 expedientes de queja, 6 de oficio y los restantes a petición de parte, que incluyen detenciones ilegales y arbitrarias, uso desproporcionado indebido de la fuerza, intimidación, censura, amenazas y agresiones directas, informó la titular de CEDH, Susana Méndez.
Agregó que ante el contexto de violencia y vulnerabilidad que atenta contra la libertad de opinión y expresión, consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en la Constitución, se busca impulsar un protocolo y legislación en la materia.
Acompañada de la presidenta del Legislativo, Lorena de la Garza y de varios representantes de los medios de comunicación en la entidad, Méndez admitió que han existido intentos por atender el tema que no han prosperado, aunque aseguró que en esta ocasión esperan contar con el apoyo de todos los diputados.
"Por lo que hoy, se hace un atento llamado a los Poderes Públicos del Estado de Nuevo León para que asuman su responsabilidad y tomen acciones urgentes para garantizar la seguridad de las personas periodistas y su derecho a la libertad de expresión y opinión".
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Destacó que la violencia y las amenazas contra periodistas obligan a muchos a abandonar su profesión. Informes de la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, destacan que esta problemática está arraigada en diversas formas de censura y represión estatal.
Ante ello, dijo, se deben investigar y enjuiciar a quienes amenacen, acosen, o agredan a periodistas, así como aprobar leyes y políticas para prevenir, prohibir, investigar y enjuiciar las agresiones.
En Nuevo León, no se cuenta con una ley o mecanismo local de protección para periodistas, lo que los coloca en una posición de extrema vulnerabilidad.
"La libertad de opinión y expresión es esencial para una labor informativa sin censura ni trabas. Las y los periodistas tienen derecho a una protección legal específica debido al interés público de su labor. Los estados deben abstenerse de imponer restricciones arbitrarias y establecer medidas legislativas y reglamentarias para garantizar su seguridad", se informó.
Se insistió en que se debe aprobar una ley integral que no solo defina de manera inclusiva a quienes ejercen el periodismo, sino que también establezca mecanismos efectivos de protección y medidas para regular la publicidad gubernamental en los medios, evitando influencias indebidas.