Monterrey. - Entre protestas, y recursos legales en contra de la refinería de Cadereyta para su reubicación o cierre definitivo, la lucha continúa entre autoridades y ciudadanos.
Luego de que una jueza negó la suspensión provisional presentada por Pemex, al determinar que no existen intentos de clausura sino visitas de inspección, la paraestatal presentó una demanda de amparo contra funcionarios estatales y municipales.
El recurso va contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda; el secretario de Medio Ambiente estatal, Alfonso Martínez Muñoz y Javier González-Alcántara, regidor de San Pedro.
La Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, Jeny Jahaira Santana Albor, fue quien negó la suspensión provisional a Pemex, ya que los recientes actos de los involucrados no buscan el cierre de la planta de hidrocarburos.
Durante el Nuevo León Informa, Javier González-Alcántara, informó sobre la demanda de amparo, la cual le fue entregada ayer miércoles 31 de enero, en la que también señalan que él está ejerciendo violencia simbólica y mediática para afectar la imagen de Pemex.
“En esta demanda de amparo podemos ver que Pemex Transformación Industrial, pretende detener cualquier intento por parte de este equipo municipal y estatal. Solicitan al Juzgado que no ordene dejar de realizar acciones, y el juzgado les niega la suspensión provisional, argumentando que son actos futuros e inciertos.
“En otro apartado me señalan a mí en particular de ejercer violencia, le llaman violencia simbólica y violencia mediática. Pemex ya empieza a ver que va en serio y toma un papel de víctima, lo tomamos como señal de que vamos avanzando y vamos a seguir hasta que los neoleoneses tengamos un aire limpio”, señaló González-Alcántara.
Entre los argumentos de la demanda de amparo, Pemex manifiesta que como la violencia simbólica y mediática fue creada en un principio para la protección del género femenino, pide un estudio constitucional para que sea adoptado de forma generalizada, y se aplique también a la paraestatal.
“Como puede advertirse, las acciones impartidas por las responsables se encuentran violando gravemente la esfera jurídica de la quejosa, que si bien es cierto, la violencia antes mencionada fue creada en un principio para la protección del género femenino.
“No puede pasar por alto, que se realice un estudio constitucional para que sea adoptado de forma generalizada, es decir, no es posible que únicamente se cree dicha violencia hacia las mujeres.
“Por lo que deberá de atenderse la constitucionalidad de dichas determinaciones y en su momento, otorgar el amparo y protección para efectos que no se realicen actos que en forma análoga se lesione o dañe la dignidad, integridad o imagen de la quejosa (Pemex)”, indica el documento.
En tanto, Alfonso Martínez Muñoz anunció que, como parte de las pruebas de la denuncia penal que interpusieron en contra de la refinería ante la Fiscalía General de la República (FGR), agregaron más pruebas de la contaminación que la planta emitió ayer y que generó una alerta ambiental en el municipio.
“Seguimos allegando pruebas y solicitando nueva información a la Fiscalía General de la República (FGR), se llevará una copia certificada de lo que estaba pasando ayer en la refinería.
“Se solicita más información a la Agencia de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente del sector de hidrocarburos y a la refinería; que rinda un informe detallado sobre los niveles máximos permisibles de emisión contaminante a la atmósfera”, externó.