Monterrey.- Diputados del Congreso local opinaron que el caso de las Torres Ysabella en San Pedro debe tomar un rumbo apegado a la legalidad y a respetar el ambiente.
Anteriormente, el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, señaló que el ayuntamiento ha enfrentado más de 50 demandas que han obtenido a su favor con el fin de continuar con la demolición tras la revocación del permiso a la desarrolladora por dar información falsa. A su vez, Miguel Treviño refirió que la empresa ZDEC asumirá los costos del derrumbe.
Eduardo Gaona, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, mencionó que la mejor apuesta es la de proteger la integridad de la población, pero solo puede haber una suspensión si hay faltas en lo legal.
“Tenemos vistas muy claras, una es la de San Pedro y otra es la de los desarrolladores. Nosotros siempre vamos a pugnar porque se haga lo que dice la ley, siempre de acuerdo a que se proteja el medio ambiente y la seguridad de las personas.
“Si todo está en regla, los empresarios tienen derecho a hacer negocios y poner viviendas a la ciudadanía”, declaró.
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Por su parte, la bancada del PAN dijo desconocer el fondo del proyecto, aunque pudiera tratarse de un sobreexceso de funciones del municipio.
No obstante, aclaró que los permisos de construcción y uso de suelo deben cumplirse con los lineamientos que se acordaron, de no ser así, la instancia que concedió la autorización puede revocarla.
El 2 de febrero, el gobierno de San Pedro arrancó con el procedimiento de retiro de los permisos y demolición en el puente principal del complejo.
Desde octubre del año pasado, el Cabildo de San Pedro avaló iniciar las investigaciones sobre el proyecto de las Torres Ysabella porque vecinos de la colonia Fuentes del Valle pidieron una revisión sobre la documentación legal del mismo.
Está obra fue aprobada en 2009 durante la administración de Fernando Margáin Sada, y comenzó a construirse desde la segunda gestión de Mauricio Fernández.