Monterrey. - Movimiento Ciudadano denunció públicamente a las administraciones priistas de Nuevo León y del país, por pagos de más de 116 millones de pesos a empresas fantasma entre los años 2017 y 2019, principalmente del exalcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.
Durante la rueda de prensa “La Corrupción del PRIAN”, Miguel Alfonso Meza, experto en derecho anticorrupción, explicó que Murata, una empresa de corte naval, recibía pagos por servicios distintos a los declarados en el SAT, como talleres de equidad de género, accidentes automovilísticos y kits de salud.
Meza desglosó los montos que los de la vieja política le entregaron a Murata, destacando las administraciones de Guadalupe con Francisco Cienfuegos y Cristina Díaz; Juárez, con Heriberto Treviño; Santiago, de Javier Caballeron y Monterrey, de Adrián de la Garza con 10 millones de pesos y hasta del expresidente Enrique Peña Nieto, con más de 18 millones.
“Esta investigación muestra que, en total, se le pagaron 116 millones de pesos a Murata desde entes públicos, todos ellos controlados por el PRI, pero nos parece irrisorio que al rato va a venir aquí Adrián de la Garza, hablar de su propuesta de seguridad cuando desde su misma secretaría de seguridad, estaban desviando recursos a una empresa fantasma que fue contratada por el PRI de Peña Nieto, por Paco Cienfuegos y la Fiscalía del Estado”, precisó.
Incluso, la propia Fiscalía de Justicia firmó contratos con Murata por 26.7 millones de pesos y también señaló pagos del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón por 46.8 millones.
Además, indicó que existen evidencias de que Murata operaba a través de un prestanombres o que usaron el robo de identidad para su constitución, ya que quien aparece como su representante legal es Nino Paolo Ferrari Rodríguez, pero su firma del INE no coincide con la de los contratos.
El propio Nino Paolo, en sus redes sociales, habría señalado que fue víctima de robo de identidad.
“Esta es la INE del representante legal, Nino Paolo Ferrari Rodríguez y él fue el que supuestamente firmaba los contratos con Santiago con Monterrey y Guadalupe, pero si comparamos la firma del INE con los contratos vemos que hay muchas variaciones y encontramos su Twitter y él denunciaba un robo de identidad”, explicó.
Detrás de la fachada de Murata, insistió Meza, podrían estar servicios de espionaje contratados por los de la vieja política de Nuevo León.
Ya que el propio Sistema de Administración Tributaria la declaró como empresa fantasma el 18 de marzo del 2021, y es que determinó que todas sus operaciones eran inexistentes y, por lo tanto, todos los comprobantes fiscales que habían emitido eran falsos.