Monterrey.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) presentó los resultados de la Supervisión Penitenciaria 2023, en donde los centros de reinserción social del Estado obtuvieron una calificación promedio de 7.02.
Susana Méndez Arellano, presidenta de la Comisión, compartió que este resultado es mejor al obtenido en 2022, pero pese a ello, existe una sobrepoblación en los penales de 7.68 por ciento; actualmente los centros penitenciarios albergan a 10 mil 513 personas, mientras que su capacidad es de solo 9 mil 763.
El Cereso 1 Norte, conocido también como el Penal de Apodaca, se encuentran recluidas 6 mil 416 personas mientras que su población es de poco más de 5 mil 500, y justo este mismo centro, es el que obtuvo la peor evaluación según la Comisión, llegando apenas a 5.96.
“En términos generales y al realizar un promedio, se obtiene una calificación de 7.02, en el 2022 obtuvieron un 6.58 por ciento, y en el 2021 un 7.03, en el Cereso femenil la calificación es de 7.40, y norte es de 5.96, en el Cereso 2 norte de 7.16 y en el 3 oriente de 7.56”, dijo Méndez Arellano.
A la par del aumento de la calificación global, aumentó también el déficit de personal de seguridad y custodia; mientras que en 2022 era de 49.11 por ciento, en el 2023 subió a 58.66 por ciento, y entre el personal que disminuyó, se fueron los únicos dos psiquiatras encargados de dar atención a los 4 centros penitenciarios.
Aunque la sobrepoblación aún no es una cifra alarmante, Eduardo Llanas Hernández, tercer visitador general de la Comisión, resaltó que más allá de buscar ampliar los penales, se necesitan mejores métodos de reinserción social como la educación, trabajo, atención psiquiátrica y demás dentro de ellos, además de contar con personal capacitado, de lo contrario, podría replicarse la desorganización del Penal de Topo Chico.
“El año pasado Nuevo León estaba comparado con Estados de población menor a los 9 mil, el grupo A son Estados que manejan población de 30 mil personas en centros penitenciarios, Nuevo León ya entró en ese grupo, un reclusorio no funciona si lo amplías más, va a pasar lo mismo que el Topo Chico”.
En total, se hicieron 2 mil 116 encuestas a personas privadas de la libertad, titulares de los centros, encargados de personal de seguridad y custodios, además de titulares de áreas médicas y técnicas.