Nuevo León se desploma en ranking de Orden y Seguridad

El estado sufrió un retroceso de cinco escaños y ahora es número 24 nacional en dicho rubro.

Unidad de Fuerza Civil
Unidad de Fuerza Civil Créditos: Dalia Manríquez / ABC Noticias
Por
Escrito en LOCAL el

Monterrey. - Nuevo León cayó cinco puestos en Orden y Seguridad, ocupando actualmente el vigésimo cuarto lugar a nivel nacional, dio a conocer la organización Proyecto de Justicia Mundial en su más reciente Índice de Estado de Derecho en México.

El modelo de medición para este índice funciona con base en decimales, siendo el 0 la adhesión más débil y el 1 la adhesión más fuerte al Estado de Derecho en las entidades de la República.

En la edición 2023-2024 de este estudio, Nuevo León obtuvo 0.38 puntos en Orden y Seguridad, colocándose 0.09 puntos por debajo de la media nacional, que es de 0.47.

Sensación de seguridad, ausencia de crimen y ausencia de homicidios son los elementos que abarca el factor Orden y Seguridad, siendo el último de estos el que fue peor evaluado, con 0.25 puntos.

“El Factor 5 mide si el Estado es efectivo en garantizar la seguridad de las personas y la de sus propiedades (…). El fenómeno de violencia ocasionada por la delincuencia organizada se captura indirectamente mediante las cifras de homicidios y las percepciones de inseguridad”, se lee en el reporte del Índice de Estado de Derecho.

Otro factor con cifras desfavorables para los nuevoleoneses es el de Justicia Penal, pues el puntaje fue de 0.36 puntos, cayendo la entidad siete posiciones y quedando a la par de Michoacán.

Estatus de Nuevo León en Orden y Seguridad | Especial 

En el reporte, la Justicia Penal engloba la eficacia de las investigaciones, si los derechos de las víctimas son salvaguardados, si se respeta el proceso legal de los acusados, si el sistema está libre de corrupción, y si existe seguridad y respeto en los centros penitenciarios.

Para la realización del Índice de Estado de Derecho, la organización Proyecto de Justicia Mundial llevó a cabo encuestas, cuestionó a especialistas y recabó datos administrativos, además de que tomó en cuenta información del INEGI, la CNDH, la Secretaría de Gobernación, entre otras instancias.