Monterrey.- Luego de la acusación ante la Suprema Corte de Samuel García al Congreso local por no avanzar en la designación del nuevo Fiscal General de Justicia del Estado, el Poder Legislativo aseguró estar cumpliendo con esta labor.
A través de un comunicado, el Congreso aclaró haber sido oficialmente notificado en abril sobre la orden de la Corte de la realización de este proceso, a pesar de que el fallo se hizo desde febrero.
En dicho documento, la autoridad legislativa consignó que se hizo el turno correspondiente de la sentencia a la Comisión Anticorrupción.
Cabe recordar, que dicha determinación de la Corte constó de reponer el procedimiento, pues esta autoridad consideró que los requisitos fueron modificados indebidamente en torno a la carta de antecedentes no penales.
“Por todo lo anterior, lejos de estar en falta, el Congreso está siendo cuidadoso y muy responsable en acatar de manera precisa lo resuelto por el Máximo Tribunal del País”, se lee en el comunicado.
A su vez, el Poder Legislativo señaló que la Corte no emitió fecha alguna para acatar la orden, pero en las prioridades de este poder está el avanzar con la selección del nuevo fiscal que está estancado desde que Gustavo Adolfo Guerrero renunció en octubre de 2022.
“Contrario a la versión emitida por el Ejecutivo a través de un incidente de inejecución, las Diputadas y los Diputados de la 76 Legislatura están en vías de cumplimiento, no hay desacato alguno y mucho menos una eventual posibilidad de destitución.
“Es pertinente aclarar que la Corte en ningún momento fijó un plazo para el cumplimiento de la sentencia, sino que, en libertad de decisión, la Comisión Anticorrupción deberá emitir un nuevo acuerdo para ponerlo a consideración de sus integrantes y, de ser aprobado, remitirlo al Pleno”, manifestó el Congreso.
Esta postura fue emitida después de que el gobernador de Nuevo León promoviera este incidente de inejecución de sentencia ante el máximo tribunal del Poder Judicial del país, pidiendo a su vez separar a los legisladores locales de su cargo por este supuesto incumplimiento.