Monterrey.- La legisladora priista Jessica Martínez presentó un exhorto dirigido a la Auditoría Superior del Estado a fin de que se revisen las cuentas públicas de todos los municipios que van a cambiar de partido a finales de septiembre, el cual fue aprobado la tarde de este miércoles por diputados del PRI y el PAN en una sesión de la diputación permanente.
Dichas cuentas públicas deberán corresponder al ejercicio fiscal del presente año, entre el 1 de enero y el 29 de septiembre.
“Consideramos que esta Legislatura realice un exhorto a la Auditoría Superior del Estado con el propósito de solicitar la revisión exhaustiva de las cuentas públicas.
“Además, se requiere la realización de una auditoría que sea completamente objetiva y exenta de cualquier sesgo político o partidista, enfocándose especialmente en aquellos municipios donde se prevé un cambio de partido político en el mes de septiembre”, expuso Martínez.
En el caso de la zona metropolitana, se trata de los municipios de García, Guadalupe, Juárez, Monterrey y San Pedro, los cuales deberán ser auditados previo a la entrada de los alcaldes electos.
Sin embargo, cabe recordar que cuando las cuentas públicas municipales correspondientes al ejercicio fiscal del 2023 fueron requeridas por el Legislativo, los municipios periféricos de Los Aldamas, Villaldama, Iturbide, General Zaragoza, Cerralvo, General Zuazua, y Ciénega de Flores omitieron remitirlas.
De estos municipios, a los que les correspondería ser auditados porque cambiarán de color a finales de septiembre son Los Aldamas, actualmente gobernado por el emecista Adolfo Leal, Villaldama, del pevedista Luis Raymundo Robles, Iturbide, de la priista Cristina Rodríguez, General Zaragoza, del ahora emecista Juan Arturo Guevara, y Cerralvo, del panista Baltazar Martínez.
De acuerdo con Martínez, el objetivo de la solicitud de revisión de cuentas públicas municipales a la Auditoría Superior del Estado es prevenir “revanchas políticas” entre los ayuntamientos salientes y entrantes.
“Al proceder de esta manera se busca prevenir cualquier forma de revancha política que pudiera surgir a raíz de los cambios de administración, asegurando así que la fiscalización se realice en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad y equidad”, agregó la diputada.