Monterrey.- El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mario Alberto Pérez Dayán, dijo “no coincidir” con la reforma judicial y destacó la importancia que debe tener la carrera judicial en los procesos de selección de jueces, magistrados y ministros.
Esto durante el Foro de Análisis de la Reforma al Poder Judicial de la Federación, organizado por la Coparmex y la ANADE. A su vez indicó que no están de acuerdo con los procesos de elección popular de los cargos en la judicatura; sin embargo, señaló que si se llega a legislar en favor de dicha reforma les corresponderá acatar la modificación a la Constitución.
“Cada uno de los poderes tiene una serie de prerrogativas, el Ejecutivo tiene la de la iniciativa, el Legislativo la procesa y en la eventualidad de que esta termine por ser una reforma constitucional, al judicial le corresponderá cumplirla, no necesariamente coincidimos con su contenido, pues creemos que la carrera judicial debe tener una preponderancia en la designación en los jueces magistrados y ministros, pero pues esto dependerá de las soberanías de cada poder”, dijo.
Al cuestionarlo sobre los efectos positivos y negativos que tendría la reforma judicial, señaló que existen expertos en la materia que evaluarán ambas posibilidades y se las harán llegar al legislativo para que las consideren en la aprobación o desaprobación de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Es difícil anticiparlos, este evento tiene incluidos algunos aspectos en el que quienes sí los han estudiado nos los adelantarán y es una de las cosas que yo estaré más atento. Quienes la han analizado desde otro ángulo, que no sea la judicatura, seguramente nos darán una serie de lineamientos sobre lo que es positivo y lo que no lo sea, y se considerarán muy seguramente por los legisladores”, dijo.
Te podría interesar
¿Qué otras voces opinaron en el Foro de Análisis de la Reforma al Poder Judicial de la Federación?
Por su parte la Concanaco publicó una encuesta realizada a empresarios sobre la posible corrupción que pudiera existir dentro de estos procesos, tras lo que un 60 por ciento consideró que existe “mucha corrupción” en el ámbito.
El magistrado Pérez Dayán solamente comentó que cualquier irregularidad en los procesos serían analizadas, siempre y cuando las halla.
“Deben tener una fuente (los empresarios) y hay que revisarlas, es conveniente revisar en dónde estamos fallando si es que acaso lo hay”, dijo.
Por su parte, el ingeniero Gabriel Chapa Muñoz, presidente del consejo directivo de Coparmex Nuevo León, manifestó la tristeza de parte del gremio empresarial por la postura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras permitir una mayoría que pueda permitir al ejecutivo realizar modificaciones a las leyes mexicanas sin tener un intercambio de ideas con la oposición.
“Sentimos algo de tristeza que el tribunal electoral favoreció una sobre representación y bueno pues esto le da la posibilidad a una fuerza política de hacer cualquier cambio a la Constitución sin necesidad de dialogar con la oposición”, dijo.
Así mismo señaló que el impacto de la reforma al Poder Judicial Federal es negativo, ya que no ven viable que la designación de dichas autoridades sea mediante el voto popular.
“Va a tener mucha trascendencia lo que pase en esta reforma y, sin duda, nos va a afectar el enfoque propuesto donde se quiera elegir por voto popular a jueces y ministros pensamos que no es la mejor forma”, dijo.
Durante el foro también participó Mariana Campos, directora general de México Evalúa, una organización de sociedad civil, apartidista. Ella señaló que el proceso de reforma es un hecho histórico y llamó a las diversas cámaras empresariales para lograr una mayor comunicación en busca de soluciones a las problemáticas que dicha reforma podría traer a la población.
“Estamos viviendo tiempos históricos, estamos viviendo una crisis institucional de un tamaño muy relevante y es muy importante que distintos actores nos estemos comunicando sobre lo que vemos a futuro, en aras de poder construir en conjunto soluciones”, dijo.
Mariana Campos destacó que esta reforma rompería con tres principales garantías que los jueces, magistrados y ministros deben tener para hacer uso de su función pública, las cuales señaló que son:
“Debe haber un proceso de nombramiento adecuado, tiene que evaluar la capacidad, la experiencia y los méritos, porque es un trabajo técnico y no hacerlo un proceso político, debe tener una protección contra presiones externas, un juez tiene que ser un árbitro totalmente objetivo, que pueda tener una distancia suficiente de los grupos de interés y la inamovilidad en el cargo, hay que garantizar que cuando haga bien su trabajo no sea perseguido, y si incurre en casos de corrupción sí sea destituido”, dijo.