Monterrey.- Debido al aumento de casos de despojo de bienes inmuebles en Nuevo León, especialmente en la región citrícola, el Poder Judicial del Estado anunció que se sumará a combatir este delito, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia y otras instancias estatales.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Laura Perla Córdova Rodríguez, aseguró que el Poder Judicial está preparado para colaborar activamente con las autoridades investigadoras, tras las recientes reformas al Código Penal del Estado que fortalecen el marco legal contra el despojo.
En entrevista tras la sesión solemne por el Cuarto Informe de Gobierno en el Congreso local, la magistrada explicó que estas modificaciones obligan a las instituciones judiciales y de procuración de justicia a adaptar sus procesos.
“La Fiscalía acaba de presentar una política pública en materia de persecución penal, no solo en el tema de despojos, sino en todos los delitos. Esto va a modificar la forma de gestión y operación de los asuntos”, señaló Córdova Rodríguez.
Una de las reformas más recientes al Código Penal, impulsada por el diputado priista Javier Caballero, busca evitar que las personas acusadas por despojo utilicen recursos legales como el amparo para retrasar los procesos judiciales.
Esta iniciativa se suma a otras medidas adoptadas previamente, como la creación del Código QR notarial homologado, herramienta diseñada para dar mayor transparencia a los trámites realizados ante notarios y prevenir fraudes relacionados con propiedades.
La magistrada presidenta recalcó el compromiso del Poder Judicial con la aplicación oportuna de la ley.
“En el tema de los despojos, vamos a estar muy atentos a las solicitudes que nos haga el Ministerio Público, ya sea de aseguramiento de inmuebles, órdenes de cateo u órdenes de aprehensión”, afirmó.
En los últimos meses, los casos de despojo han generado preocupación entre ciudadanos y autoridades. Las denuncias, particularmente en la región citrícola del estado, han involucrado a redes de corrupción que operan mediante documentos falsos, irregularidades notariales y registros fraudulentos.
En respuesta, el Gobierno Estatal ha articulado acciones conjuntas entre el Instituto Registral y Catastral, la Fiscalía de Justicia, las Notarías y ahora el Poder Judicial, con el objetivo de cerrar los vacíos legales que han permitido estos abusos patrimoniales.
Con estas acciones, el Estado busca garantizar el derecho a la propiedad y brindar mayor seguridad jurídica a las personas frente a uno de los delitos patrimoniales de mayor crecimiento en la entidad.