Monterrey.- El Grupo de las Seis se manifestó en contra de la reciente aprobación del Registro Estatal de Deudores Alimentarios en Nuevo León, al considerar que se trata de una medida innecesaria, redundante y que no fortalece la protección de los derechos de la infancia.
La organización señaló que este registro duplica funciones de un sistema federal ya existente, el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), que incluye a personas que incumplen con sus obligaciones alimentarias tras un proceso judicial.
Rebeca Clouthier, activista y vocera del colectivo, recordó que en agosto de 2024 se reunieron con el entonces presidente del Poder Judicial estatal, Arturo Salinas, quien confirmó que ya había personas de Nuevo León inscritas en el sistema federal.
“Crear un registro estatal no aporta valor alguno al procedimiento existente, sino que genera redundancia burocrática y desvía recursos que podrían ser utilizados en otros asuntos prioritarios para la infancia en Nuevo León”, señaló Clouthier en un video difundido por el grupo.
El colectivo también criticó que el Congreso local no haya promovido reformas que fortalezcan el marco legal vigente para proteger a niños, niñas y adolescentes.
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Clouthier destacó que los legisladores podrían haber realizado ajustes para que los deudores alimentarios inscritos en el RNOA no puedan acceder a cargos públicos, realizar operaciones inmobiliarias o renovar licencias de conducir hasta regularizar sus adeudos, lo que consideró acciones prioritarias para garantizar efectivamente los derechos de la infancia.
En su pronunciamiento, el Grupo de las Seis demandó que el Congreso reconsidere la creación del registro estatal y dirija sus esfuerzos hacia reformas legislativas que fortalezcan los mecanismos existentes y no generen duplicidad.
Además, subrayan que cualquier intento de implementar el registro estatal debería ser vetado hasta que se ajusten las leyes para garantizar la protección efectiva de los menores de edad.
“Exigimos que las futuras iniciativas legislativas se enfoquen en soluciones efectivas y en consolidar un marco legal coherente, que realmente contribuya a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en Nuevo León”, concluyó Clouthier.