Monterrey.- En Nuevo León, solo alrededor del 1 por ciento de los asesores inmobiliarios forma parte de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), lo que limita garantizar certeza jurídica a quienes buscan comprar una propiedad.
De acuerdo con Juan Manuel Escobedo Garza, presidente de la AMPI Monterrey, en la entidad existen cerca de 15 mil asesores, pero únicamente unos 180 están afiliados a la asociación.
De esta forma, advirtió que acudir con un asesor no afiliado incrementa el riesgo de ser víctima de fraudes, por prácticas como la venta de propiedades sin certeza jurídica, preventas promovidas sin revisar autorizaciones, entre otros aspectos.
“Se expone a que te vendan algo que no tenga certeza, como en las preventas. Nosotros, por ejemplo, investigamos muy bien quién es el desarrollador antes de ofrecerles a los socios de AMPI que comercialicen ese desarrollo”, comentó.
La estadística indica que el 99 por ciento de los asesores opera en el estado sin cumplir necesariamente con los criterios de profesionalización, ética y regulación legal que exige la AMPI, indicó Escobedo Garza.
Entre ellos, se encuentran la verificación de desarrolladores, el uso de contratos ajustados a la normativa federal, el cumplimiento de obligaciones fiscales, la protección de datos personales y la observancia de la Ley Antilavado.
“Toda esa reglamentación, debemos de cumplir con ella, y la pedimos para ser socio de AMPI, si no la tienes, no puedes estar ahí. Es ahí donde mucha gente no entra”, comentó.
El presidente de la AMPI Monterrey destacó que la presencia de asesores cumplidos con la reglamentación toma relevancia, pues últimamente están llegando al estado desarrolladores de otras partes de la república, y es necesario que existan profesionales que los estudien debidamente.
No obstante, refirió que la afiliación depende de la voluntad de cada asesor para alinearse a los estándares que exige la asociación.
Ante este panorama, comentó que la AMPI trabaja constantemente en la capacitación de sus miembros, promoviendo buenas prácticas y asegurándose de que cada operación se realice bajo un marco legal estricto.