Monterrey. - El Gobierno de Nuevo León dejó abierta la posibilidad de incrementar impuestos y contratar nuevo financiamiento como parte del Paquete Fiscal 2026 y que plantea ampliar la inversión pública en infraestructura, movilidad y seguridad.
El tesorero Carlos Garza Ibarra explicó que el Estado propone elevar la tasa del Impuesto Sobre Nómina del 3 al 4 por ciento, lo que generaría entre 5 mil 700 y 6 mil millones de pesos adicionales. Justificó que el ajuste busca fortalecer proyectos productivos y apalancar financiamiento para pymes a través del fideicomiso FOCRECE, que con 300 millones estatales permite detonar hasta 6 mil millones en créditos.
"Hay que buscar la manera como sociedad de fondear esos proyectos, nuestra visión como Gobierno es con una mezcla de deuda y una mezcla de aumentar ciertos gravámenes y ahí es donde va el Impuesto Sobre Nóminas; no estamos cerrados, yo creo que es importante decirlo, no estamos obsesionados en que tiene que ser así. Estamos conscientes de que hay que sentarnos en las mesas de trabajo", afirmó el tesorero estatal.
El paquete también deja abierta la puerta a nuevas fuentes de ingreso ecológico, como la actualización al impuesto por emisiones contaminantes, y plantea cambios al refrendo vehicular, eliminando la exención a autos híbridos y manteniéndola sólo para eléctricos. Además, propone un pase vehicular turístico gratuito para visitantes.
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Mayor financiamiento para obra pública
El Ejecutivo solicita autorización para contratar deuda por hasta 14 mil 644 millones de pesos, equivalente al 15% de los ingresos de libre disposición. Garza señaló que este margen permitiría sostener el ritmo de inversión sin afectar la estabilidad financiera del Estado.
Afirmó que proyectos como la Línea 6 del Metro, obras carreteras y ampliaciones de infraestructura requieren continuidad, pues detenerlos generaría mayores costos sociales y económicos.
Prioridades de gasto e impacto municipal
La inversión pública para 2026 superará los 21 mil millones de pesos, uno de los niveles más altos en la historia del estado, con énfasis en movilidad, infraestructura estratégica y seguridad.
Los municipios mantendrán más del 25% del presupuesto estatal, el porcentaje más elevado del país, y además podrían acceder a financiamiento de hasta el 15% de sus ingresos de libre disposición sin necesidad de decretos específicos, siempre que se destine a inversión productiva.
Seguridad e inversión social
El Gobierno plantea destinar 12% del presupuesto total a seguridad, con recursos para infraestructura policial, tecnología, ampliación de destacamentos y la operación del cuartel de Cerralvo.
En lo social, mantiene y fortalece programas como Hambre Cero y apoyos para mujeres, niñas y niños con cáncer sin seguridad social, que —según Garza— requieren consenso legislativo para asegurar su continuidad.