Monterrey.- Carlos Garza Ibarra, tesorero estatal, defendió ayer el Paquete Fiscal 2026 enviado al Congreso local y resaltó sus puntos favorables; no obstante, afirma que el Gobierno estatal no está cerrado a escuchar propuestas de la iniciativa privada y de los legisladores sobre el Presupuesto, el cual contempla una deuda por 14 mil 600 millones de pesos.
Según el funcionario, se propone incrementar impuestos y contratar un nuevo financiamiento para así ampliar la inversión pública en infraestructura, movilidad y seguridad.
El tesorero explicó que el Estado propone elevar la tasa del Impuesto Sobre Nómina del 3 al 4 por ciento, lo que generaría entre 5 mil 700 y 6 mil millones de pesos adicionales.
Justificó que el ajuste busca fortalecer proyectos productivos y conseguir financiamientos para pymes.
“Hay que buscar la manera como sociedad de fondear esos proyectos... no estamos cerrados, yo creo que es importante decirlo, no estamos obsesionados en que tiene que ser así. Estamos conscientes de que hay que sentarnos en las mesas de trabajo”, afirmó el tesorero estatal.
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El paquete también deja abierta la puerta a nuevas fuentes de ingreso ecológico, como la actualización al impuesto por emisiones contaminantes, y plantea cambios al refrendo vehicular, eliminando la exención a autos híbridos y manteniéndola sólo para eléctricos.
Financiamiento será para obra pública, justifica
Garza Ibarra detalló que el Ejecutivo estatal pidió autorización para contratar deuda por hasta 14 mil 644 millones de pesos con el fin de mantener el ritmo de inversión pública sin comprometer la estabilidad financiera, pues proyectos como la Línea 6 del Metro, obras carreteras y expansiones de infraestructura necesitan continuidad para evitar costos mayores.
Destacó que para 2026 la inversión pública superará los 21 mil millones de pesos, enfocada en movilidad, infraestructura estratégica y seguridad.
Además, aseguró que los municipios conservarán más del 25 por ciento del presupuesto estatal. También se propone asignar el 12 por ciento del presupuesto a seguridad, destinado a infraestructura policial, tecnología y ampliación de destacamentos.
En el ámbito social, se mantienen programas como Hambre Cero y apoyos a mujeres y menores con cáncer, cuya continuidad requiere el aval legislativo.