Monterrey.- El Colegio de Abogados de Nuevo León prepara una iniciativa de reforma para combatir los fraudes inmobiliarios, una problemática que continúa registrándose en la Zona Metropolitana de Monterrey.
La organización informó que trabajará junto con distintos sectores de la sociedad civil para formular esta propuesta que dé protección jurídica a los compradores de preventas.
David Rodríguez Calderón, presidente del Colegio, señaló que habrá consenso entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, desarrolladores, el Colegio de Notarios y diputados locales.
El anuncio ocurrió tras el conversatorio “Análisis Jurídico sobre la regulación de la preventa inmobiliaria, Bases para iniciativa de reforma en el estado de Nuevo León”.
“Nosotros venimos viendo este tema primero con la modificación al artículo del Código Civil, posteriormente con mesas de trabajo en el Congreso y esperemos que en enero próximo se pueda avanzar y dar luz a esta reforma”, explicó.
Pedro César Dávila Alanís, ejecutivo de Quantium Desarrollos, enfatizó la necesidad de reglas claras para evitar abusos y proteger tanto a compradores como al propio sector.
“Como desarrolladores queremos que esto se puede aclarar muy bien y que podamos tener una reforma de 360 grados, ya que somos los que estamos al frente y damos la cara por un amplio equipo y autoridades que participan en el sector, y por eso apoyamos que existan una regulación apropiada”, explicó Dávila Alanís.
Señaló que la mayoría de las empresas inmobiliarias coincide en la necesidad de brindar certeza a los clientes y reactivar el ánimo de inversión, pues Nuevo León dejó de ocupar los primeros lugares en generación de nuevos proyectos.
Por su parte, Alejandro Rodríguez Salinas, presidente de Derecho Corporativo del Colegio, explicó que la reforma implicará ajustes profundos en otras leyes y reglamentos municipales, así como la coordinación de diversas autoridades y organismos.
“La reforma al Código Civil también obligará a hacer cambios en temas fiscales, por el tema de cómo se va a enajenar el bien, cuándo se va a pagar los impuestos, entre otros aspectos, así como el cambio de los tiempos y plazos de los permisos para la ejecución de las obras, de los créditos bancarios y financiamientos para los adquirentes de las propiedades y para los desarrolladores. un cambio integral que debe ser acordado y aceptado por los involucrados”, mencionó Rodríguez Salinas.