Monterrey.- La llamada Ley de Preventas Inmobiliarias, impulsada por el PAN para regular la venta y preventa de viviendas en Nuevo León, quedó prácticamente congelada en el Congreso local.
A pesar de los fraudes, los vacíos legales y las denuncias de compradores afectados, el proceso legislativo se detuvo ante la presión de las cámaras empresariales del sector, que se oponen a los candados económicos y administrativos propuestos en el dictamen.
El coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, promotor de la iniciativa, reconoció que el proyecto no ha podido avanzar porque aún se mantienen mesas de diálogo con los organismos del ramo, y que incluso el contenido original podría modificarse para alcanzar un acuerdo.
“Estamos preocupados en que no hemos podido avanzar, pero sí hemos logrado consensos con las cámaras, que es lo más importante. Algunos dicen que regular la venta no tiene sentido porque ya está regulada. Lo que queremos es regular la oferta de compra, que es donde se generan los conflictos y las demandas”, justificó el legislador.
Sin embargo, fuentes legislativas admiten que la bancada panista y otras fracciones buscan “doblar las manos” en algunos puntos de la propuesta, particularmente en la obligación de que los desarrolladores depositen en fideicomiso el 75% del valor del proyecto antes de ofrecer propiedades en preventa.
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“Ambas cámaras manifestaron estar en contra de pedirles el 75% de garantías como se propuso originalmente, así que tendremos que hacer ajustes al dictamen. Lo importante es que no haya preventas sin permisos ni licencias”, reconoció De la Fuente.
El planteamiento inicial buscaba cerrar los vacíos legales que permiten a empresas comercializar inmuebles sin permisos municipales ni licencias de construcción, práctica que ha derivado en múltiples fraudes.
ABC Noticias documentó desde marzo de 2025 que Monterrey concentra el 11% de los fraudes inmobiliarios del país, de acuerdo con datos de Propiedades.com, ubicándose entre las tres ciudades con mayor incidencia.
Pese a ello, la iniciativa permanece en pausa. Desde su presentación, el 13 de marzo de 2025, y tras la intervención de alcaldes metropolitanos como David de la Peña y Andrés Mijes, el Congreso no ha logrado dictaminar el proyecto, mientras las cámaras presionan para suavizar sus alcances.
“Yo tengo tres casos en esa problemática. El desarrollador después dice: ‘Yo no te vendí, tú me ofreciste’. Por eso queremos agregar la figura de la preventa en la ley, para que no encuentren ese recoveco legal el día de mañana”, insistió De la Fuente.
A ocho meses del arranque del debate, la iniciativa permanece congelada. Y aunque los legisladores aseguran que “buscan el consenso”, todo indica que el Congreso terminará cediendo a las exigencias del sector inmobiliario, postergando una regulación que podría evitar más fraudes y proteger a miles de compradores en el estado.
Propuestas en la Ley:
En el caso de Nuevo León, se exige a los desarrolladores:
- Que se tenga cubierto el 75% del proyecto completo por parte de los desarrolladores para garantizar que se realice
- Presentar permisos
- Tener un fideicomiso
- Proyecto ejecutivo
- Crédito puente que respalde la viabilidad del proyecto y que los asesores puedan comercializar el proyecto.
El AMPI ha señalado que el requisito del 75% de cobertura podría dejar fuera a pequeños y medianos jugadores, favoreciendo solo a grandes corporativos.
En NL hay operaciones sin ningún permiso municipal de algún tipo de fraccionamiento o torres de departamentos y ya empiezan a vender a un particular con este formato de preventa