Digitalizar trámites sería clave para preventas: Inmobiliarios

AMPI señala que el exceso de procesos administrativos desacelera la actividad del sector inmobiliario en el estado.

AMPI propone digitalizar trámites para agilizar proyectos de vivienda y dar certeza a compradores e inversionistas.
AMPI propone digitalizar trámites para agilizar proyectos de vivienda y dar certeza a compradores e inversionistas.Créditos: Canva
Escrito en LOCAL el

Monterrey.- La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) indicó que la digitalización de los trámites y la mejora regulatoria podrían ser las herramientas más eficaces para agilizar los proyectos de vivienda y dar certeza jurídica tanto a compradores como a inversionistas. 

Así lo expresó Juan Manuel Escobedo, presidente del organismo, al señalar que el exceso de procesos administrativos continúa frenando la actividad del sector en Nuevo León, y al señalar que la Ley de Preventas carece de los conocimientos técnicos que, como asesores inmobiliarios dominan.

“Mucho ayudaría que se sentaran los diputados y el gobierno del estado para que vean el tema con Mejora Regulatoria, porque ahí podrían subir sus trámites al portal de Nuevo León en Línea. Ese portal es un buen instrumento para agilizar este tipo de trámites”, subrayó.

Ante ello, Escobedo propuso que los legisladores y el gobierno estatal trabajen de manera conjunta con la Mejora Regulatoria, aprovechando las herramientas digitales disponibles

El presidente de la AMPI insistió en que la digitalización no solo reduciría tiempos, sino que fortalecería la transparencia del proceso. 

“Sabemos que los proyectos empiezan desde regulaciones federales, con estudios de impacto ambiental, y luego vienen las estatales y municipales. Pero si se agilizaran los trámites en línea, sería una buena alternativa para darle agilidad a toda esta tramitología”, afirmó.

Escobedo pidió que los diputados consideren también la aplicación de la Norma 247 de Profeco, que regula las especificaciones de comercialización ante el consumidor final. 

“Hay que exigirles a los desarrolladores que cumplan con la norma 247, que es la que marca las reglas de comercialización ante el consumidor. Todo eso deben contemplarlo dentro de las reformas, porque los diputados no conocen todas estas leyes periféricas a la que quieren promulgar”, concluyó.

El representante de la AMPI sostuvo que, aunque el gremio no se opone a la llamada Ley de Preventas Inmobiliarias impulsada por el Congreso local, sí existe preocupación por las medidas que podrían dejar fuera a los pequeños desarrolladores y concentrar el mercado solo en los grandes capitales. 

“El sentir de nosotros es que iban a dejar a muchos desarrolladores fuera. Nosotros no estamos en contra de que se regule, lo único que queremos es coadyuvar y que se hagan las cosas bien, porque sabemos de la importancia de regular este sector”, puntualizó.

Escobedo explicó que los asesores inmobiliarios son el vínculo directo entre el desarrollador y el consumidor, y por ello enfrentan las quejas de los compradores cuando un proyecto incumple lo prometido. 

“El consumidor viene a buscarnos a nosotros y nos reclama: ‘¿En qué me vendiste o en qué problema me metiste?’, porque tienen la confianza hacia nosotros para invertir su dinero”, señaló.

El contexto legislativo fue expuesto por ABC Noticias el pasado 4 de noviembre, al informar que la Ley de Preventas Inmobiliarias, impulsada por el PAN, permanece prácticamente congelada en el Congreso de Nuevo León.

De acuerdo con el medio, la iniciativa busca regular la venta y preventa de viviendas para evitar fraudes y vacíos legales que han afectado a cientos de compradores, pero su avance se detuvo ante la presión de las cámaras empresariales del ramo, que rechazan los candados financieros propuestos, como el requisito de garantizar el 75% del valor total del proyecto antes de comercializarlo.

El coordinador panista Carlos de la Fuente, promotor de la propuesta, reconoció que el proceso legislativo no ha avanzado debido a que continúan las mesas de diálogo con los organismos del sector y que el dictamen podría modificarse para alcanzar consenso.

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