Monterrey. - En primera vuelta, el Congreso de Nuevo León aprobó que las personas que sean deudoras de pensión alimenticia, agresoras sexuales o que hayan cometido violencia familiar no podrán ocupar cargos públicos o de elección popular en Nuevo León.
Con un voto de unanimidad, se aprobó esta iniciativa impulsada por la emecista Sandra Pámanes, y por separado de la priista Lorena de la Garza, con una reforma a la Constitución Política de Nuevo León, en la que se establecen las causales por las que los derechos y prerrogativas de los ciudadanos se suspenden.
Tras la polémica del caso del diputado federal, Cuauhtémoc Blanco, en Tribuna, la legisladora emecista manifestó que no se puede permitir que quienes han sido responsables de actos de violencia lleguen a un cargo público o de toma de decisiones.
"Establecemos simplemente lo que por derecho y obligaciones emanan de nuestra Constitución federal establecen, que es que ninguna persona condenada o sancionada por violencia familiar, delitos sexuales o por deudor alimentario pueda ocupar un cargo de elección popular, de designación o cualquier función de representación política", expresó Pámanes.
"Es importante armonizar la Constitución porque la violencia de género es una de las crisis que enfrenta nuestro país, no podemos permitir que quienes han sido responsables de actos de violencia contra las mujeres, niñas, niños o cualquier persona tomen decisiones que afectan nuestras vidas", comentó.
Las reformas aprobadas por 40 votos de los legisladores, fueron a los artículos 71, 118, 158, 172 y una adición del artículo 59 Bis a la Constitución local.
La modificación a la ley establece que los ciudadanos que no podrán acceder a cargos públicos o de elección, son los que tengan antecedentes penales como agresores de violencia familiar o delitos sexuales.
Tampoco quienes hayan incurrido en delitos contra las mujeres en cualquiera de sus modalidades y que tengan antecedentes como deudores alimentarios o porque no cumplan las obligaciones alimentarias.
En la discusión del pleno, la vicecoordinadora de la bancada de Morena, Berenice Martínez, señaló que en la entidad no habrá lugar para hombres violentadores en el servicio público.
“Con esta reforma estamos diciendo, con toda claridad, que en Nuevo León no hay lugar en el servicio público para quienes han lastimado a las mujeres, a la niñez o a sus familias. Sabemos que esta iniciativa, conocida como 3 de 3 contra la violencia, tiene su origen en una reforma constitucional federal, publicada el 29 de mayo de 2023”, expuso la morenista.
Lorena de la Garza, también promovente de la Ley 3de3, destacó que con esta normativa se espera que los hombres en el poder dejen de ejercer violencia y garantizar que quienes ocupen cargos públicos o de elección popular sean personas íntegras.
"Quiero hablarles a las víctimas de abuso, de hostigamiento, de acoso, perpetrados por hombres de poder... a esas mujeres que además de estar viviendo al ser hostigadas, lastimadas, acosadas, violentadas en cualquiera de sus formas, se enfrentan a la consecuencia de tener que enfrentarse a una persona que tiene un cargo de poder, que es autoridad, que es funcionario.
"Quiero animarlas a que pierdan el miedo y a que sepan que el poder que nos otorgan los cargos públicos que el día de hoy ostentamos, no son eternos, pero la defensa de sus derechos y su derecho a vivir en paz y tranquilidad, ese sí lo es”, destacó Lorena de la Garza.
Asimismo, sin decir nombres, al referirse a la votación registrada la semana pasada en la Cámara de Diputados en donde el PRI y Morena evitaron que se diera el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, acusado de presunta agresión sexual, las diputadas panistas, Itzel Castillo y Myrna Grimaldo, dijeron que estaban a favor de que nadie violente pueda llegar al poder o protegerse en función de un cargo público.