Monterrey.- El Dr. Roberto Rodríguez Garza, aspirante a la Magistratura en Materia Administrativa en Nuevo León, manifestó su preocupación por la lentitud y complejidad con la que actualmente operan los tribunales judiciales.
Mencionó que los procesos son excesivamente burocráticos y que en muchas ocasiones los ciudadanos no reciben una resolución de fondo a sus demandas.
Rodríguez Garza, quien aparecerá en la boleta rosa con el número 27, propone una serie de medidas para transformar el sistema de justicia.
Entre sus principales propuestas destaca la capacitación constante de jueces y personal jurisdiccional en temas de igualdad, inclusión y derechos humanos.
Además, plantea la incorporación de tecnologías digitales que permitan agilizar trámites y acercar la justicia a la ciudadanía. Su visión incluye también mecanismos de transparencia como resoluciones públicas, observatorios judiciales y esquemas de rendición de cuentas para recuperar la confianza social en el sistema judicial.
“Es una propuesta en la que se analiza la forma de instrumentar la administración de justicia mediante el uso de las nuevas tecnologías, ya que con este proceso se puede acelerar y lograr la eficiencia en todos los trámites, procesos y acuerdos, que son el diario de los órganos judiciales, acortando distancias entre el ciudadano, las partes involucradas y la autoridad, a fin de lograr que se concrete el derecho a una justicia pronta, expedita y completa, tal como está previsto en la Constitución en su artículo 17, párrafo segundo, que indica:
“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicias por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial...”
Finalmente, subrayó la importancia de fortalecer los órganos jurisdiccionales, a los que consideró pilares fundamentales en cualquier sociedad democrática.
“La administración de la justicia no es cosa fácil en este mundo cambiante y con múltiples reformas en su régimen interno, ya que de sus determinaciones dependen la armonía y certeza jurídica, así como la seguridad jurídica para la población, por lo cual una justicia expedita, pronta, rápida, completa e imparcial debe garantizar en todo momento los derechos humanos fundamentales de los habitantes de un país”, concluyo.