Monterrey.- Con el objetivo de combatir actos de extorsión y ofrecer certeza jurídica tanto a ciudadanos como a autoridades, el diputado del PAN, Miguel Lechuga, presentó una iniciativa que busca que los inspectores municipales utilicen cámaras de solapa durante sus funciones.
La propuesta fue entregada en la Oficialía de Partes del Congreso de Nuevo León y plantea una reforma al artículo 227 de la Ley de Gobierno Municipal.
Lechuga explicó que esta medida pretende garantizar la transparencia en áreas como Desarrollo Urbano, Comercio, Alcoholes y Servicios Públicos, donde existen constantes denuncias por supuestos cobros indebidos.
“Lo que buscamos es proteger tanto al ciudadano como al gobierno, en Santa Catarina hemos recibido quejas constantes de comerciantes que aseguran ser extorsionados por inspectores municipales. Esta herramienta servirá para documentar cada inspección y prevenir abusos”, expresó el legislador.
La propuesta incluye que las cámaras también se utilicen en operativos antialcohol, inspecciones a transportistas y dispositivos viales como los llamados “carrusel” de seguridad pública.
Además, Lechuga detalló que el sistema de cámaras estaría enlazado a un centro de monitoreo que garantice la vigilancia en tiempo real.
El legislador subrayó que esta medida fortalecerá la confianza ciudadana, al permitir que cualquier acto de revisión quede registrado y se pueda verificar en caso de controversias.
Con esta iniciativa, el Congreso de Nuevo León podría dar un paso hacia una administración municipal más transparente y libre de actos de corrupción.
En otros hechos, diputado Víctor Pérez rechaza la Ley de Obras Públicas por falta de transparencia
El diputado federal por Nuevo León, Víctor Pérez Díaz, argumentó que la iniciativa promueve la concentración de poder, reduce la transparencia y debilita los controles democráticos sobre el gasto público.
El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) criticó a las bancadas de Morena y Movimiento Ciudadano por aprobar el cambio, ya que, según él, otorgan un control absoluto a la Secretaría de Hacienda, dejándola como juez y parte en la asignación de contratos y ejecución de proyectos.