Monterrey.- Al señalar que se busca a que haya una mejor aplicación de la ley contra las empresas contaminantes, los diputados del Congreso de Nuevo León urgieron al Fiscal General de Justicia, Javier Flores Saldívar, a que se nombre a un titular de la Fiscalía Ambiental de Nuevo León.
Y es que luego de que el pasado 10 de mayo entró en vigor el decreto para elegir titular de este organismo autónomo, la coordinadora del Partido Verde en el Legislativo local, Claudia Chapa, demandó que con este nombramiento se comience una investigativa laboral a las industrias rebeldes.
Tras los casos de contaminación registrados en ríos y arroyos en la entidad, Chapa destacó que hay casos recientes como el de PYOSA, donde incluso la empresa culpa a Agua y Drenaje de Monterrey de contaminar el arroyo Topo Chico, sin embargo, nadie se hace responsable y no hay ninguna sanción administrativa o penal.
“Es urgente que ya se nombre a un Fiscal Ambiental en Nuevo León, y esto es porque hemos visto que siguen dándose casos de empresas que contaminan el medio ambiente, particularmente ríos y arroyos de la entidad. Hay casos como el de Ternium o Pyosa que han sido evidenciados y algunos incluso con multas económicas, pero se requiere elevar el nivel de sanción y eso solo es posible si se llega a nombrar a un Fiscal Ambiental”, declaró la coordinadora del Partido Verde.
Desde el pasado 30 de abril se aprobó por los diputados la creación de la Fiscalía Ambiental, lo que espera el nombramiento de un titular para antes del 10 de junio, por lo que Chapa insistió en que se deben buscar nuevos perfiles para atender el medio ambiente estatal.
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Añadió que la Fiscalía Ambiental debe tener como titular a un perfil con conocimiento en las leyes federales y estatales de protección al medio ambiente, así como con capacidad investigativa en los delitos relacionados a casos de contaminación.
"El perfil de quien pueda ocupar ese cargo debe estar muy completo; primero con conocimiento de las leyes de protección ambiental tanto en el orden federal como en el estatal. Por otro lado, debe ser una persona que tenga la noción sancionadora en delitos ambientales de orden penal.
“Que sea una persona totalmente alejada de intereses empresariales, es decir, que no tenga nexos o relación con algún sector industrial en el país. Recordemos que Nuevo León es el primer estado en implementar esta Fiscalía Ambiental y eso es una gran responsabilidad porque seremos ejemplo nacional en la impartición de justicia en este rubro, entonces no podemos dejar que salga mal”, acotó.
Por separado, Mario Soto, coordinador de Morena también indicó que se debe de mejorar la transparencia de las acciones de Medio Ambiente ante las problemáticas actuales, principalmente ante las contingencias ambientales por la mala calidad del aire.
Destacó que el Gobierno de Nuevo León deberá presentar un informe sobre el cumplimiento de las medidas que deben llevarse a cabo en búsqueda de evaluar su desempeño adecuado y estos deberán ser publicados en el Periódico Oficial del Estado.
A través de una iniciativa el morenista busca que el Estado de un informe con pruebas documentales y técnicas que respalden el desarrollo y validar que se hayan tomado a cabo las ya sean, preventivas de remediación o mejora, según sea el caso.
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