San Pedro.- El exalcalde de San Pedro Garza García, Miguel Treviño de Hoyos, reaccionó al inicio del procedimiento de juicio político que el Congreso de Nuevo León abrió en su contra y lo calificó como un caso insólito de la política mexicana.
Mediante sus redes sociales, aseguró que se trata de un intento de excluirlo de la vida pública por los resultados que entregó durante su administración.
Treviño explicó que el proceso está vinculado a la permanencia de Javier de la Fuente como secretario de Desarrollo Urbano en su gobierno, quien clausuró una construcción ilegal y cuya remoción fue exigida en varias ocasiones por un magistrado.
Según el exalcalde, la contradicción en las resoluciones judiciales derivó en el presunto desacato que ahora motiva la acción legislativa.
"El Congreso del Estado está iniciando un juicio político en mi contra por haber mantenido un secretario de Desarrollo Urbano que clausuró una construcción ilegal.
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Un magistrado no estuvo de acuerdo con esto y primero pidió que se removiera el secretario, luego que se mantuviera, luego que se removiera, claramente confundido.
“Y el juicio político lo que busca es dejarme a mí fuera de un cargo público por un cierto número de años", expresó.
Añadió que detrás de la decisión se encuentra la incomodidad de ciertos grupos políticos frente a los logros de su gestión.
"Lo que quieren algunos es mantener la política en manos del mundo al revés, donde prosperan los corruptos, los ineficaces, los que se esconden. Pero el mensaje no es para mí, yo no estoy compitiendo por ningún cargo público. El mensaje es para todos nosotros", apuntó.
El procedimiento fue iniciado el día de ayer en el Congreso del Estado por la comisión que encabeza la priista Armida Serrato, en cumplimiento del artículo 12 de la Ley de Juicio Político del Estado, que permite iniciar estos procesos mientras el funcionario esté en el cargo o dentro del primer año de haberlo concluido.
En este caso, el arranque se dio el pasado 29 de septiembre, justo al límite del plazo legal.
De acuerdo con la legisladora priista, la siguiente etapa consiste en una revisión jurídica privada para definir si el juicio procede o no, y en caso afirmativo, dar derecho de audiencia a Treviño y a su defensa.
Si se comprueba la falta, la sanción podría ir desde uno hasta 20 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.