Monterrey.- Un grupo de inversionistas se manifestó a las afueras de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, sobre la avenida Morones Prieto, en Monterrey, para denunciar públicamente un presunto fraude relacionado con proyectos inmobiliarios que no se han concretado, pese a haber recibido recursos bajo el esquema de “capital semilla” desde 2018.
De acuerdo con los afectados, más de 2 mil personas habrían invertido sus ahorros en distintos desarrollos verticales promovidos por la empresa Proyectos 9, propiedad de José Aurelio Lobatón, con aportaciones que van desde los 400 mil hasta los 15 millones de pesos, entregadas en efectivo.
La vocera del movimiento, Liliana Leal, señaló que los proyectos debieron haber comenzado a entregarse desde 2023; sin embargo, al menos ocho desarrollos permanecen inconclusos o ni siquiera han iniciado su construcción.
“Estamos empezando esta lucha social. La estamos realizando porque somos miles de afectados. Perdimos nuestro patrimonio debido a que la empresa Proyectos Nueve, pues hace 5 años o hace más, dimos capital semilla desde 400 mil pesos hasta 15 millones de pesos, o sea, al contado; ese es el capital semilla y los terrenos están sin hacer nada”, expuso.
Detalló que entre los proyectos se encuentran desarrollos como Sol, Moca, Volga y Las Palmas, donde, según dijo, no existe construcción o únicamente hay trabajos mínimos como cimentación.
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“No tenemos nada más que excusas, más que mentiras”, afirmó. Leal incluso calificó el esquema como un posible fraude de tipo piramidal.
“Creemos que esto es un esquema Ponzi, es un esquema piramidal. Nos sentimos defraudados; tenemos denuncias penales y no avanzan”, sostuvo.
Añadió que actualmente existen más de 100 denuncias penales interpuestas por los afectados, sin que hasta el momento se reporten avances significativos.
“Mi denuncia penal tiene ya 10 meses y no avanza”, indicó.
Por su parte, el abogado de los inversionistas, Raymundo Ramírez, señaló que existen irregularidades graves en los proyectos, como la falta de permisos de construcción, la ausencia de propiedad sobre los terrenos y la falta de información hacia los inversionistas.
“Si hay cientos de personas que ya entregaron una cantidad de dinero, no se tiene un permiso de construcción, no se brinda información, la empresa no es dueña del inmueble; es evidente que, por lo menos, lo que se tiene que hacer es iniciar una investigación y darle impulso”, explicó.
El litigante también cuestionó la actuación de la Fiscalía, al señalar posibles conflictos de interés que, dijo, estarían frenando el avance de las investigaciones.
“Estamos hablando de 2 mil víctimas y la Fiscalía está obligada a darle impulso y no lo hace así, porque hay un interés directo, porque hay una participación directa de estas personas”, acusó.
Los manifestantes exigieron a las autoridades estatales agilizar las investigaciones y garantizar acceso a la justicia, al señalar que se trata de ahorros de toda una vida, incluyendo jubilaciones, ventas de bienes personales y patrimonio familiar.
“Son ahorros de mucha gente de toda la vida… no tenemos nada más que excusas, no construyen ni nos devuelven el dinero”, concluyó la vocera.
Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no ha emitido una postura oficial sobre las acusaciones.