Tamaulipas.- Un juez federal absolvió por falta de pruebas a Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala, Guerrero, por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Jorge Guillermo García Suárez Campos, juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Tamaulipas, determinó que la Fiscalía General de la Republica (FGR), no presentó pruebas suficientes para vincular de secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en el municipio guerrerense durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
José Luis Abarca continua a la espera de tres sentencias
A pesar de que José Luis Abarca fue absuelto de dicho delito, el ex funcionario guerrerense aún se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, esperando sentencia por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y homicidio del activista Arturo Hernández, ocurrida en junio del 2013.
El abogado de Abarca, Alejandro Rojas, dio a conocer que la sentencia fue dictada la noche del pasado martes 13 de septiembre, por lo que el ex alcalde perredista sería notificado en las próximas horas en el penal de máxima seguridad en el que se encuentra recluido.
José Luis Abarca ordenó desaparecer a los 43 normalistas: Gobierno Federal
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, informó que José Luis Abarca, entonces alcalde del municipio de Iguala, y el grupo criminal Guerreros Unidos en colusión con otras autoridades, dieron la orden de atacar y desaparecer a los estudiantes de Ayotzinapa.
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"¿Dónde están? Por supuesto, fueron objeto los muchachos de una labor cruel de desaparición y se está tratando de ubicar los sitios donde hay testimonios de algunas de las personas involucradas", dijo en conferencia matutina, el pasado viernes 26 de agosto.
Encinas defendió el reporte, que da por muertos a los 43 estudiantes que desaparecieron en septiembre de 2014 y derivó el arresto de Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la república, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
El subsecretario reconoció que hay un "contenido político", pero consiste en "esclarecer un crimen de Estado".
También calificó de "absolutamente falso" el que el informe no diga "nada nuevo" y que solo se basa en una fuente de información.
Enunció que el reporte tiene fuentes de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Seguridad, además del Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, la Fiscalía de Guerrero y la Fiscalía General de la República.