México. - La Fiscalía General de la República (FGR) sufrió un nuevo revés en uno de los casos contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), pues ahora una Jueza ordenó devolverle su residencia valuada en 38 millones de pesos.
Ana Lilia Osorno Arroyo, jueza Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, resolvió que es improcedente la demanda de extinción de dominio de la FGR para hacerse de la residencia de Lozoya ubicada en Lomas de Bezares.
En su resolución, la juzgadora argumentó que la Ley Nacional de Extinción de Dominio del 2019 no es aplicable a este caso porque Lozoya adquirió su casa en el año 2012.
“Debido a que el hecho ilícito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), vinculado con el bien inmueble objeto del juicio, se consumó en el año 2012, esto es en una época en que dicho delito no estaba previsto de manera sustantiva en el artículo 22 constitucional como supuesto de procedencia para ejercer la acción de extinción de dominio, pues debe considerarse que lo sustantivó no puede aplicarse sobre una hipótesis de procedencia no prevista”, determinó.
La FGR, que no ha podido cobrar a Lozoya ni un solo peso de la cantidad que pretendía, puede impugnar esta resolución ante un tribunal Colegiado
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FGR acusa a jueces de beneficiar a Emilio Lozoya
La Fiscalía General de la República (FGR) de México criticó el pasado 23 de septiembre a jueces mexicanos por presuntamente beneficiar al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, acusado de recibir sobornos de la brasileña Odebrecht a cambio de contratos con el gobierno mexicano.
“Los jueces de distrito y magistrados federales han vuelto a evidenciar notoriamente su parcialidad e ilegalidad a favor de Emilio ‘L’”, señaló la FGR en un comunicado.
Además, el Ministerio Público mexicano señaló que este actuar parcial e ilegal se da en perjuicio del Estado mexicano y la empresa estatal Pemex.
Esto, luego de que un juez mexicano del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México decidió no admitir como prueba información bancaria de Lozoya obtenida en Brasil y Suiza, ya que resolvió que las pruebas no se obtuvieron con una orden judicial.