Ciudad de México.- Luego de que el pasado 2 de marzo, Edmundo Jacobo Molina dejara su cargo como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), debido a las reformas electorales promovidas por Morena, este lunes 13 de marzo se reintegró a sus funciones en el INE, esto tras promover un juicio de amparo y un juicio para la protección de los derechos políticos electorales.
Fue Lorenzo Córdova, presidente del INE, quien recibió a Edmundo Jacobo en sesión ordinaria del Consejo General. Tras la reincorporación de Edmundo, Córdova calificó el regreso como un acto de justicia y lo describió como un funcionario “honesto y comprometido”.
“Con la resolución del Poder Judicial de la Federación y la suspensión definitiva que se le otorgó al secretario ejecutivo del INE, el licenciado Edmundo Jacobo Molina, se hace un acto de justicia que restituye en sus funciones a un funcionario probo, honesto y comprometido, a quien el sistema electoral y la democracia le deben mucho”, señaló.
En medio de la sesión ordinaria, Lorenzo Córdova hizo referencia al artículo 41 de la Constitución, el cual establece que el Consejo General es el único órgano electoral que puede designar a un secretario ejecutivo y que, a su vez, ningún otro poder del Estado puede removerlo a no ser que sea por juicio político.
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Asimismo, manifestó que, con la reintegración de Edmundo Jacobo a su cargo, el INE continuará con su estrategia para regresar la democracia, esto luego de la aprobación del “Plan B” de reforma electoral impulsado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Suprema Corte admite la primera impugnación contra el 'Plan B'
Fue el pasado primero de marzo cuando la Suprema Corte de Justicia admitió la primera controversia constitucional, la cual, precisamente, fue interpuesta por el INE contra la reforma electoral “Plan B” del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Esta controversia constitucional fue en contra de las reformas a las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, mismas que forman parte del “Plan B”. De acuerdo con el ministro Pérez Dayán lo descrito en estas leyes producen una violación directa a las funciones del INE como órgano constitucional autónomo.
Tras la admisión a trámite a esta controversia constitucional, el ministro Alberto Pérez Dayán dio un plazo de 30 días hábiles, a partir de la notificación, para que la Cámara de Diputados y el Senado, así como la Presidencia y la Secretaría de Gobernación expongan su contestación.