Ciudad de México.- La joven empresaria, Ana Gabriela Rubio Zea, de 32 años de edad, era una mujer que vivía una vida llena de lujos en Guatemala, esto antes de que fuera arrestada por haber sido señalada como una de las principales distribuidoras de fentanilo a los “Chapitos”.
Viajes, fotografías y videos por todo el mundo, era lo que publicaba esta joven guatemalteca a través de sus redes sociales.
Desde un inicio, Ana Gabriela no presentaba ninguna sospecha sobre su actividad empresarial, la cual estaba vinculada con el crimen organizado del Cartel de Sinaloa.
En algunas de sus publicaciones, Gaby compartía fotografías en la playa, Nueva York, Los Ángeles e incluso México, pues en una de sus fotos se puede ver a Gabriela posar en San Miguel de Allende con un vestido color azul con un costoso bolso de diseñador, en una visita que realizó en el año 2020.
Sin embargo, el trabajo oculto se basaba en la venta de drogas ilícitas, pues Ana Gabriela mandaba gracias a sus contactos cargas del país asiático hacia su natal Guatemala, para posteriormente mandarlo a Sinaloa, donde los “Chapitos”, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar las recibían.
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Pero, de acuerdo con el Departamento del Tesoro, Ana Gabriela Rubio Zea, uso su experiencia y contactos para garantizar el suministro de esos precursores sin que sea detectado por oficiales de Aduanas en México y otros países.
La mujer, según el comunicado, utilizó sus vínculos con manufactureros chinos para proveer de precursores químicos de fentanilo al cartel de Sinaloa y para poner a traficantes de esa organización en contacto directo con suministradores en China, a sabiendas de que el fentanilo previsto iba a distribuirse en Estados Unidos y otros países.
El Programa de Recompensas contra los Narcóticos del Departamento de Estado indicó una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o a la condena de varios de los individuos sancionados este viernes, incluidos Yao, Wu, Yonghao, y Rubio.
Como resultado de las sanciones, quedan bloqueadas las propiedades y activos que esas personas o empresas tengan en territorio estadounidense, y se prohíbe a los estadounidenses que mantengan transacciones con ellos.