Ciudad de México.- El Juez Tercero de Distrito en Materia del Trabajo del Primer Distrito Judicial con sede en la Ciudad de México, Gabriel Domínguez Barrios, fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal, separándolo de sus funciones por seis meses.
Esta medida se tomó debido a presuntas irregularidades relacionadas con el otorgamiento de suspensiones que permitían a Javier Navarro ejercer como gobernador interino de Nuevo León a partir del 1 de diciembre de 2023 en lugar de Samuel García.
Las acusaciones en su contra incluyen el hecho de haber actuado más allá de su competencia, al conceder suspensiones en un caso que no era de su jurisdicción, específicamente en el ámbito laboral.
Además, se le reprocha no haber seguido adecuadamente la Ley de Amparo y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que constituye una falta grave en el ejercicio de su función judicial.
Según el Consejo de la Judicatura Federal, Domínguez Barrios decretó una suspensión que luego incumplió, lo que contraviene la normativa aplicable y socava la confianza en la imparcialidad y el cumplimiento de la ley por parte de los funcionarios judiciales.
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Durante este periodo, el juez suspendido continuará recibiendo el 33 por ciento de su salario puesto que esta suspensión no constituye una sanción definitiva, sino más bien una medida precautoria mientras se lleva a cabo una investigación sobre las acciones de Domínguez Barrios.
Además, el Consejo de la Judicatura Federal también ha iniciado una inspección extraordinaria en el juzgado que solía presidir Domínguez Barrios. El 1 de diciembre el Congreso de Nuevo León presentó queja administrativa contra el juez suspendido, acusándolo de actuar de manera "dolosamente ilegal" bajo el amparo indirecto 3656/2023
“El Juez Domínguez Barrios no solo admitió a trámite el amparo indirecto presentado por Javier Luis Navarro Velasco, sino que además concedió una suspensión en la que expresamente admite tener conocimiento de la sentencia del TEPJF y pretende darle a ella un mayor alcance en perjuicio de la facultad soberana reconocida al Congreso Local para llevar a cabo la designación del Gobernador Interino.” Se lee en el comunicado emitido el 1 de diciembre por el PRI de Nuevo León.