Ciudad de México.- El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que en enero Morena promoverá una Reforma Electoral para evitar que se "hereden" los cargos públicos.
Fernández Noroña señaló el pasado 8 de enero que con este cambio a la ley electoral, los políticos no podrán heredarle su puesto a ningún familiar.
“Habrá una Reforma Electoral, acotada el periodo de febrero que tiene que ver con que ningún familiar pueda aspirar, puede ser candidato a un cargo que otro familiar ocupa”, señaló el legislador.
“Si yo soy alcalde de algún municipio del país, ningún familiar mío o esposa, esposo, hermano, hermana hijos, hija, sobrino, o sea gente de los círculos cercanos, pueda participar tanto a presidentes municipales o bueno, depende las regulaciones locales, pero siempre (se) haría la adecuación porque es una reforma federal”, explicó.
Lo mismo sucedería con los diputados federales, senadores, gobernadores, incluso con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y sus demás sucesores.
“Esa es la Reforma Electoral que va en febrero, la gran Reforma Electoral tendrá que hacerse después de la elección de las personas juzgadores, por lo tanto, yo calculo que será hasta septiembre de 2025”, añadió Noroña.
Juez de Michoacán frena proceso electoral en el Poder Judicial
Un juez del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán ordenó a los Comités de Evaluación de los tres Poderes de la Federación frenar el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esto, luego de conceder una suspensión definitiva en un juicio de amparo. El comunicado fue emitido la noche del martes 7 de enero, dejando en pausa un procedimiento clave para la renovación del sistema judicial.
En la resolución, el juez Primero de Distrito en Michoacán ordena a los tres Comités emitir una declaratoria donde ordenen suspender todo procedimiento consecuente en la etapa de la elección judicial, prevista para llevarse a cabo el primer domingo de junio de este año. Esta medida incluye la suspensión de las normas generales y secundarias relacionadas con el proceso.
“Las normas generales (leyes federales y/o secundarias) que pudieran derivar de la obligación de legislar, impuesta en el artículo octavo transitorio, párrafo primero, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la constitución política de los estados unidos mexicanos, en materia de reforma al/poder judicial, esto es, para que, sin perjuicio de sustanciar el proceso legislativo correspondiente, las normas generales que resulten de tales actos legislativos no se apliquen en la esfera jurídica de las personas juzgadoras federales, integrantes de la parte quejosa”, se lee en el acuerdo publicado por el Comité de Evaluación.
De no acatarse esta medida cautelar en máximo 48 horas, dicta el acuerdo, se procederá a dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que integre las carpetas de investigación correspondiente por desacatar una orden judicial.