Sin duda alguna, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) son un pilar fundamental de la economía mexicana, ya que representan un considerable porcentaje del tejido empresarial nacional. De acuerdo con datos del INEGI, en el 2021 estaban registradas 280,489 micro, pequeñas y medianas empresas, de las cuáles el 53 por ciento son microempresas, usualmente identificadas como empresas familiares, que tienen entre uno y diez empleados, el 35 por ciento están en la categoría de pequeñas y el resto son medianas.
Estas empresas generan 7 de cada 10 empleos en el país, además de ser las responsables de dinamizar la economía nacional al generar el 52 por ciento del PIB. No obstante, este segmento de empresas enfrenta desafíos que propician que muchas de ellas cierren sus puertas, aunque también hay que subrayar que, al mismo tiempo, nacen más. Según el INEGI, entre 2019 y 2023 murieron 1.4 millones de MiPyMEs, pero nacieron 1.7 millones.
Uno de los retos más significativos de estas empresas es la falta de liquidez, la cual se ve exacerbada por los largos periodos de tiempo en que los clientes pagan sus facturas, extendiéndose en ocasiones hasta 120 días. Este retraso en los pagos impacta negativamente en la solvencia económica de estas empresas, limitando su capacidad para invertir en su propio crecimiento y en el pago puntual de sus obligaciones financieras, incluyendo la nómina de sus empleados.
En ese sentido, es necesario resaltar que la morosidad no solo afecta la capacidad financiera de las MiPyMEs, sino que también tiene consecuencias en toda la cadena de valor, desde los proveedores hasta los empleados y, en última instancia, en la economía local y nacional.
Para atender este problema, el pasado 11 de septiembre presenté en el Congreso del Estado dos iniciativas de reforma, la primera a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, del orden federal y la segunda a la Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para el Estado de Nuevo León.
Con estas iniciativas se busca establecer un marco jurídico que proteja los derechos de las MiPyMEs frente a la morosidad en los pagos y promueva prácticas comerciales más transparentes y responsables. Al prohibir el abuso en la fijación de plazos excesivos para el pago de productos y servicios, se busca garantizar que las MiPyMEs reciban el pago oportuno por sus bienes y servicios, al establecer como máximo 60 días cubrir los adeudos de los bienes y servicios adquiridos, lo cual es esencial para su viabilidad y crecimiento a largo plazo, además de evitar que cientos de estas empresas tengan que cerrar de manera prematura.
Es importante otorgar incentivos a las empresas internacionales que se establecen en Nuevo León, pero es imperativo que el gobierno, el sector privado y la sociedad reconozcan la importancia de las MiPyMEs locales en la estructura económica del país y asuman el compromiso de crear un entorno más justo y equitativo para su desarrollo. El combate a la morosidad no solo es una cuestión de justicia empresarial, sino una estrategia esencial para asegurar la estabilidad del empleo y la prosperidad de miles de familias mexicanas. A través de la implementación de estas reformas, se dará un paso crucial hacia la construcción de un ecosistema económico más sólido, donde las MiPyMEs puedan prosperar y continuar siendo un motor esencial para el crecimiento de México.