Quizás nunca nos hemos percatado, pero cuando vamos a votar en la casilla se pueden encontrar diversos tipos de elementos tales como urnas, canceles o elementos modulares para la emisión del voto o mámparas, marcadoras de credencial, líquido indeleble, útiles de escritorio, boletas, copias oficiales del Padrón Electoral y demás equipamiento autorizado para su utilización en las casillas durante la jornada electoral y que de acuerdo a la Ley General en Materia de Delitos Electorales se le denomina como material electoral.
Los materiales electorales permiten a las y los ciudadanos emitir su voto en condiciones de secrecía, igualdad y libertad, siendo fundamental protegerlos, considerando que su alteración o mal uso, impacta directamente en el ejercicio de este derecho fundamental.
Es importante destacar que la sustracción, obstaculización, alteración, manipulación, destrucción parcial o total, es considerado por este ordenamiento jurídico como un delito electoral (independientemente de otras faltas que pudieran originarse) y por ende trae consigo sanciones privativas de la libertad y económicas.
Aunque en nuestro Estado no es una práctica muy común (afortundamente, se viven comicios generalmente en paz y con participación, a diferencia de otras entidades federativas) la destrucción del material electoral, sí recuerdo que durante mi encargo como titular de la Fiscalia Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León, se llevaron a cabo diversas detenciones de ciudadanos y ciudadanas que intentaron destruir o destruyeron el material electoral de algunas casillas, conducta delictiva que originó que estas personas fueran denunciadas, investigadas y vinculadas a proceso por un Juez de Control.
Cabe destacar que si esta conducta delictiva es cometida por personas funcionarias electorales, partidistas o candidatas, las penas y sanciones aumentan.
Sin lugar a duda, para que todos y todas podamos ejercer nuestro voto de manera libre y secreta y que las instituciones electorales puedan realizar de manera efectiva su función, es necesario denunciar cualquier acto o conducta que crean o consideren que pueda ser un delito electoral.